En estas mismas páginas hemos insistido en la necesidad de equilibrar las cuentas públicas para sentar las bases del crecimiento económico. Para llegar al equilibrio presupuestario es necesario llevar a cabo reformas estructurales que terminen de una vez por todas con un gasto superfluo que nos tiene al borde del abismo. El Gobierno, salvo la reforma del mercado de trabajo, ha optado por recortes que poco o nada tienen que ver con las reformas.
A mediados del siglo XVIII, la denominada Escuela Histórica Escocesa de Filosofía Moral nos dio a conocer a los economistas la ley de las consecuencias no queridas, ley que Adam Smith explica con la metáfora de la mano invisible. El concepto de esta ley queda bien reflejado en la expresión popular de que "el remedio puede ser peor que la enfermedad". Los responsables de la política económica debieran tener muy presente esta ley a la hora de llevar a cabo medidas, reformas o recortes, que pueden tener efectos o consecuencias inesperados pero contraproducentes.
Los recortes que el Gobierno ha llevado a cabo y, sobre todo, el ahorro que implican, afectan en su mayoría a los empleados públicos, que constituyen la columna vertebral del Estado, que, a su vez, es la institución fundamental que tiene que regular y garantizar el marco institucional y la estructura de incentivos a los que responden los agentes económicos a la hora de tomar decisiones de las que va a depender la creación de riqueza. Afectan también a los servicios sociales y, con ello, a la cohesión social y a la estabilidad política que, a su vez, es también determinante para la toma de decisiones de inversión.
John Locke (1632-1704) en sus dos Tratados sobre el Gobierno (1680-1682), exactamente en el segundo, entre los derechos individuales que debe garantizar el Estado señala "la vida, la libertad, la salud o las posesiones"; por si existe algún liberal escéptico, que los hay, reproducimos la cita en inglés: "preservation of the life, the liberty, health, limb or good" (libro II, cap. II, 6, 24-25).
Todos estos derechos son importantísimos, pero me interesa resaltar la salud. Pronto se añadiría otro derecho fundamental, la educación, defendido entre otros autores por Adam Smith que, entre la reducida agenda del Estado, se refiere a "las instituciones educativas?: las destinadas a la educación de los jóvenes y las que se dedican a la instrucción de gentes de todas las edades" (La riqueza de las naciones, V, i, c).
De la misma forma tenemos que referirnos a J. S. Mill, peligroso socialdemócrata para los liberales y no de fiar para los socialdemócratas. Mill se refiere a la educación como un derecho que tiene que garantizar el Estado, si bien pone de manifiesto el peligro de que el Estado tenga el monopolio de la misma; pero "la educación es una de aquellas cosas que en principio puede admitirse que un Gobierno puede proveer para el pueblo" (Principios de economía política, libro V, caps. 9, 8).
Pero tenemos que referirnos a otros dos autores contemporáneos, muy admirados incluso por liberales conservadores. Me referiré siquiera brevemente a Hayek (1899-1992) y Popper (1902-1994), ya que los dos eran partidarios de que el Estado garantizara a los ciudadanos todos los derechos básicos de educación y sanidad. Hayek afirma que "no hay duda de que la implantación de la instrucción pública obligatoria implica que los gastos que comporta -excesivos para determinados grupos familiares- han de ser sufragados con cargo al erario" (Los fundamentos de la libertad, parte III, cap. 24, 2). Karl Popper, en un artículo publicado en el desaparecido Diario 16, el domingo 6 de marzo de 1994, se hacía eco de lo que él llamaba "tres artículos de fe pública: la lucha contra la pobreza, la educación universal y la conciencia de las necesidades". No duda Popper en señalar que "nuestra época ha estimulado en las masas nuevas necesidades y la ambición de posesiones", y, aunque reconoce que "esto es algo peligroso", concluye que "sin ello es inevitable la pobreza generalizada". Igualmente no le duelen prendas al afirmar que aunque "critiquemos al Estado de bienestar nunca podemos olvidar que surge de una convicción moral sumamente humanitaria y admirable. Y una sociedad que está dispuesta a realizar sacrificios por las convicciones morales tiene el derecho de llevar a la práctica sus ideas".
Pues bien, el Gobierno ha dejado intactos gastos superfluos millonarios derivados de la disparatada organización territorial del Estado, que lleva aparejadas multitud de funciones idénticas que realizan el Estado central, las comunidades autónomas y ayuntamientos. Tal vez las instituciones educativas, desde infantil hasta la universidad, necesitan reformas estructurales para garantizar su eficiencia. Otro tanto se puede decir de las instituciones sanitarias. Nada de esto se ha planteado el Gobierno, que ha optado por lo más fácil, por reducir salarios y mandar al paro a un número considerable de profesionales. Pero todo esto va a acarrear un deterioro irreparable de dos tipos de instituciones que implica a su vez el deterioro y la destrucción del capital humano del país, con los efectos nefastos que va a tener sobre el avance tecnológico y la productividad de los individuos.
Victoriano Martín, Catedrático de Historia del Pensamiento Económico. Universidad Rey Juan Carlos.
