No parece nada justo ni lógico que numerosas familias e individuos, sin conocimientos suficientes en las finanzas, hayan perdido sus ahorros por haber confiado en la entidad y en sus dirigentes principales. Y que éstos, a pesar de las críticas y advertencias que se les han realizado por la avaricia y falta de democracia en sus decisiones, hayan realizado tales expansiones e inversiones totalmente inapropiadas, sobre todo con sociedades inmobiliarias propias y participadas. Todo ello, además, compitiendo deslealmente contra sus propios clientes, al ser favorecidos por una financiación propia de los ahorradores de buena fe, sobre todo de jubilados y familias que confían con las buenas prácticas de su entidad de ahorro.
Los resultados han sido una ruina completa para las entidades, aumentadas absurda e innecesariamente con las aventuras de CAM por México, incluso con sociedades en paraísos opacos, como se desvelaron últimamente gracias a la intervención eficaz pero tardía del Frob.
La conjunción con el resto de entidades financieras en la creación de la burbuja inmobiliaria y financiera ha destrozado y eliminado finalmente del sector a las pymes tradicionales de la construcción, cuya actividad actual es prácticamente nula, con la pérdida completa de miles y miles de empleos.
Disparates evidentes han sido las fusiones, impulsadas y obligadas de los Gobiernos de Solbes, Salgado y Zapatero (antes), y De Guindos, Montoro, Rajoy, etc. (ahora), con la supervisión y aliento de Mafo, la CNMV, el BCE, y Bruselas, que no quieren ver otros horizontes que tapar la crisis aumentando las entidades sistémicas, para reconocer posteriormente el gran peligro de sus caídas insolventes para los ahorradores y la economía en general.
Los resultados son ya conocidos. Para rematar a las empresas, se sube inexplicablemente el IVA, que hunde a los sectores aún vivos, en especial el turismo, el cultural y el pequeño comercio, cuyas previsiones son de nuevo de miles empleos destruidos.
Se imponen las peores soluciones para la economía nacional y sus resultados son ya más que evidentes: la quiebra y fracaso de las cuotas participativas, la caída de los títulos de Bankia -con toda la parafernalia y la alharaca de su salida pública a bolsa-, y el consiguiente arrastre de esta alucinante aventura para los pequeños ahorradores, con las pérdidas de parte de los ahorros confiados a través de la emisiones preferentes, subordinadas, etc.
El suma y sigue de las soluciones de los genios de la política y de la economía nacional -y ya por desgracia directrices de alta recesión- de las autoridades europeas es espectacular. Cuando antes todos los políticos optaron por los mayores despilfarros, producir más destrozo de los recursos públicos por menos es imposible.
Las soluciones, ¿cuándo? ¿Por qué no se ofrecen más ideas y propuestas de debate político y económico? ¿Cómo compensar activos financieros, acciones, preferentes, subordinadas... por activos inmobiliarios o por deudas o hipotecas de familiares, etc.? ¿Tan difícil es tener en cuenta un abanico de opciones posibles para los afectados por los genios banqueros, cuyas retribuciones siguen siendo escandalosas?
Sin duda, podrían haberse evitado desahucios superfluos, sobre todo a jubilados y enfermos que por haber avalado sufren estas consecuencias, además de familias atropelladas por esta brutal crisis que sólo soluciona los problemas de sus inefables causantes. Existen alternativas, como un alquiler social, aunque fuese necesaria la intervención conjunta de las Administraciones Públicas de carácter social, ayuntamientos, gobiernos autonómicos y nacional.
Máxime cuando estas viviendas sufren un gran deterioro para su posterior puesta en el mercado, sin apenas venta, sumándose al cúmulo de despropósitos de aumentar los desahucios, la marginación y la exclusión -mientras se aumenta el número de viviendas sin uso y en stock-.
No digamos la insensatez de no haber puesto operativa la banca pública (el ICO) con criterios de permanencia; lo único que se ha conseguido es la pavorosa salida de ahorros y recursos de las entidades intervenidas ante la inseguridad de su futuro. Con lo fácil que hubiese sido afirmar la buena dicha de la garantía permanente y estable del Estado, como ya se hizo con el grupo público financiero Argentaria, privatizado no precisamente por su inoperancia, sino por todo lo contrario, por su eficiencia. Fue por ello por lo que se vendió y se hizo caja fácil para las arcas del Estado, redundando así en una mayor seguridad y garantía sobre la economía real.
¿Tampoco se dan cuenta de esta evidente realidad? ¿Recuerdan en cambio lo que soltó el erudito MAFO? Que la CAM era "lo peor de lo peor". ¿Creen ustedes que ello ha tenido alguna lógica? Ninguna en absoluto, ¿verdad? Sobre todo por venir del responsable de lo ocurrido. Ante tamaña falta de competencia, un Gobierno sensato le hubiese despedido de inmediato.
¿Saben cuántos depósitos fueron retirados a partir de estas declaraciones y otras en las que dijo que la entidad se intervenía y se nacionalizaba -sin vocación de permanencia, sólo a efectos de subastarse y privatizarse lo antes posible-? Pues fueron miles de millones los que han salido de nuestra querida y maltratada entidad social y de ahorro, arraigada a nuestro territorio durante 135 años -mal que les pese a los que no nos dejaban defenderla como tal-.
La realidad es que quienes tienen la obligación apenas proponen soluciones útiles -ni dejan que otros lo hagan-, para al menos paliar los daños de estas desafortunadas decisiones que afectan a los ciudadanos de a pie, que ni saben ni entienden los nefastos pactos que se cuecen entre políticos y banqueros, pero que sí sufren sus consecuencias, sobre todo por la falta de democracia participativa y su arrogancia política.
José Joaquín Belda Gonzálvez, Agente de la propiedad inmobiliaria y exagente de la Sociedad Pública de Alquiler
