En una inolvidable viñeta afirma Mafalda que "lo urgente no deja tiempo para lo importante" y tal parece ser la situación de cualquier Gobierno en España. Inefable resultaba la fotografía de un Gaspar Llamazares, en su asiento del Congreso el pasado miércoles, llevándose las manos a la cabeza ante los anuncios de ajustes del presidente Rajoy. Su expresión de incredulidad, que trataba de mostrar su indignación por las medidas expuestas, indicaba que él, su grupo y buena parte de la clase política, todavía no quieren percatarse de la crudeza real de la situación que atravesamos y en que han dejado -entre todos, pero unos más que otros- a la economía española.
Cabe recordar que los ciudadanos griegos, tras convocar casi a diario huelgas generales, realizar quemas de edificios -incluso con víctimas- y luego juguetear con votos de castigo a diestra y siniestra y de tener que repetir elecciones, cuando realmente se vieron fuera del euro y tuvieron que volver a votar el pasado 15 de junio, el 80% de los mismos que salían a las calles dijeron querer mantenerse en el euro y mayoritariamente optaron por un Gobierno de coalición que tomase las medidas adecuadas para lograrlo. Podía haberse optado por volver al dracma, pero han sido realmente conscientes del nivel de empobrecimiento que ello hubiese supuesto a pesar de los sacrificios exigidos para lograr la opción del euro. Pues así empezamos a estar, o casi, aquí.
Vistos en su conjunto, los ajustes, recortes o medidas anunciados por el Gobierno son necesarios y van en la dirección correcta de consolidar las cuentas públicas y reducir tanto déficits como deuda y sus insostenibles tendencias. Sencillamente no podemos seguir comportándonos como niños malcriados que no saben ni quieren afrontar sus compromisos y continuar con cantinelas de más gasto público (ayuda, protección, asistencia... o como quieran maquillar lo que realmente son mantenimiento y colocación de políticos y allegados, prebendas, privilegios, nepotismo, etc.), mayores impuestos, déficit y deuda creciente. Urge realmente poner en orden las arcas públicas, que se han dejado no sólo exhaustas sino con enormes agujeros, aún mayores de lo reconocido, y con una tendencia tan negativa de la deuda pública, incluidas autonomías y ayuntamientos, que hace nada creíble o fiable nuestra situación financiera para quienes nos puedan prestar. Esta es la urgencia con que se encuentra cualquiera que dirija el Gobierno de España, y he aquí el dilema ya planteado: tal urgencia a resolver parece impedir al Ejecutivo plantear soluciones sobre lo importante.
Necesitamos una reforma íntegra
No es con retoques del IVA aquí o allí -y desde luego todas las subidas de impuestos (IRPF o Sociedades especialmente) dañan nuestro futuro crecimiento- como se logra devolver la confianza y credibilidad de inversores y ciudadanos. El Gobierno debiera haber planteado, y ha tenido seis meses para ello, una reforma íntegra y completa de nuestro sistema tributario, opaco, muy complejo, retorcido, gravoso en exceso, injusto y escasamente eficiente por cuanto tenemos una de las mayores porciones de economía sumergida de la UE.
Debe acometerse una reforma impositiva (cotizaciones sociales incluidas) que, en porcentaje, disminuya tanto la presión como el esfuerzo fiscal, lo que exige, para reducir el déficit, una reducción de los gastos públicos en una cuantía muy superior. Debe quitarse el aparato administrativo, político, de todo aquello que no le compete y, manteniendo su vigilancia del cumplimiento de normas y acuerdos, dejar que el elemento social privado, los individuos, tomen sus decisiones, realicen sus contratos, hagan sus negocios, decidan sobre su ocio, desarrollen sus actividades libremente y sin que los políticos y autoridades metan sus narices y, sobre todo, la mano en cajas y bolsillos de todas esas actividades, que no les corresponden.
En lugar de suprimir la paga extraordinaria a los empleados públicos, ¿por qué no comprobar, caso por caso, todos los que han sido dados de alta desde el inicio de la recesión, en 2007, cuando el sector privado empezó a echar gente a la calle? ¿Qué hay de todos los colocados a dedo, de todos los asesores y cargos de confianza, de todos los que tienen un puesto en las 4.400 empresas en todos los niveles de la Administración (unas 2.400 dependientes de las comunidades autónomas)? Una reducción del 10% de los empleados públicos, que afectaría a unos 300.000, permitiría un ahorro de unos 15.000 millones de euros, tres veces más de lo estimado por el Gobierno con la eliminación de la extra de Navidad. Éstas son las cuentas que hay que hacer y mirar caso por caso qué puede hacerse realmente con los impuestos, una vez puestos límites a su voracidad (un porcentaje específico sobre el PIB, sabiendo que si éste cae también lo hará la recaudación) y estipulando barreras sobre la acción de lo público en nuestras vidas y economías.
Fernando Méndez Ibisate, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
