El escritor hondureño Augusto Monterroso hizo famoso su cuento más breve, compuesto por siete palabras: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". En 1959, cuando lo escribió, no podía suponer, naturalmente, que acabaría siendo la exacta definición del Consejo General del Poder Judicial.
El ministro Ruiz Gallardón anunció la intención del Gobierno de cambiar el modelo que rige la actuación del Consejo y la forma de nombramiento de sus miembros. La intención de cambiar estos aspectos del órgano del gobierno de los jueces no son nuevos en la muy accidentada historia de esa institución, tan necesitada de sosiego sobre sus reflexiones jurídicas como de vigilancia sobre sus cuentas.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 varió el sistema entonces en vigor para la designación de los vocales del Consejo y estableció un nuevo mecanismo, de modo que el Parlamento asumió la plena competencia para nombrar a la totalidad de sus miembros. En 2001, el mecanismo de designación volvió a cambiar como consecuencia del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia y estableció que los doce vocales de procedencia judicial fueran designados por las Cámaras entre 36 candidatos propuestos por las asociaciones judiciales y por los jueces no asociados. Este es el sistema actual establecido en la Ley Orgánica. Se ha pasado, por tanto, por tres sistemas, el originario, el de 1985 y el de 2001 y el resultado, siempre, ha sido la división del Consejo en grupos de tendencia, de afinidad o de opinión. Sea cual sea la expresión -tendencia, afinidad, opinión u otras posibles- se trata de grupos identificados políticamente.
Un nuevo cambio -sea cual sea el sistema de elección- no arrojará un balance distinto. Porque los políticos estarán allí. Pero ahora, además, la modificación que anuncia el ministro Gallardón va mucho más allá de cualquier otro cambio anterior y sencillamente elimina el régimen de dedicación exclusiva de los veinte vocales del CGPJ al prever que compaginen su participación en el Consejo con el ejercicio de su carrera profesional.
No parece que el caso Dívar haya sido el detonante de este nuevo planteamiento. De ser así, no hubiera debido salir el ministro a cambiar las cosas, sino los propios vocales a avergonzarse de haber elegido a un presidente así. En realidad, la reducción de las funciones y del tamaño del CGPJ o de la dedicación de sus miembros ha sido una vieja ambición de los políticos. Porque el problema es exactamente ése. Que los políticos siguen ahí. Como el dinosaurio en el cuento de Monterroso. Lo sabe el ministro y lo saben los jueces. Las cuentas del Consejo, la dimisión del presidente, el método de designación de sus miembros, todo ocurre por lo mismo. Es el dinosaurio, que sigue allí.
Juan Carlos Arce, profesor asociado de la Universidad Autónoma.
