No parece arriesgado atribuir la falta de confianza y la incertidumbre, que alienta la subida de la prima de riesgo de nuestro país, al deterioro institucional que cada día se hace más patente en España. Un deterioro que empeora por las políticas contradictorias recomendadas por los economistas. Las políticas de crecimiento defendidas por quienes reivindican a Keynes son tan antiguas como falsas. Se trata de las ideas mercantilistas, muy extendidas en el siglo XVII, que postulaban los aumentos de la cantidad de dinero, como forma de aumentar la demanda para reactivar la actividad económica, convencidos de que el gasto de una persona es el ingreso de otra, o que el gasto del consumidor produce renta. Pero esta doctrina, en la práctica, fue desmontada por el fracaso estrepitoso del experimento monetario de John Law (1667-1729), y en la teoría fue refutada por Cantillon (1680-1734) y David Hume (1710-1776).
Pero volvamos al marco institucional. El Gobierno ha mostrado voluntad de llevar a cabo reformas que garanticen el equilibrio macroeconómico a fin de sentar unas bases firmes para potenciar el crecimiento económico, muy poco ayudado por la oposición, que defiende las políticas disparatadas de gasto para propiciar el crecimiento. Si bien es verdad que el Ejecutivo está tomando de su propia medicina de cuando estaba en la oposición.
Pues bien, el Gobierno no sólo carece de una política adecuada de comunicación, sino que con demasiada frecuencia sus miembros lanzan mensajes contradictorios como si desconocieran los datos fundamentales y necesarios para atajar los graves problemas que aquejan a nuestra economía. En este sentido, las cifras del déficit, tanto del Estado como de ese disparate en el que se han convertido las comunidades autónomas, así como de los graves problemas que afectan a nuestro sistema financiero, manifestado en el famoso agujero de Bankia, son ejemplos paradigmáticos que aterrorizan a los mercados internacionales y a nuestros socios europeos, pero también siembran el pánico y el desasosiego en la población española. Con este panorama no es extraño que los depósitos de los que afortunadamente para ellos tienen dinero, pasen a engrosar la escandalosa cifra de la fuga de capitales en los últimos meses.
Nos acabamos de referir al disparate de las autonomías y al desastre de las instituciones financieras unido a la inoperancia del organismo supervisor, organismo que entre el Gobierno y el propio gobernador de dicho organismo lo han sumido en un preocupante desprestigio. No es fácil abordar de una forma decidida el estado de las autonomías, así como el problema de empresas públicas y organismos autónomos dependientes del Estado, las autonomías y los ayuntamientos; porque la superestructura partidista tiene demasiados intereses en forma de puestos de trabajo para su clientela en esta jungla de la organización del Estado.
A todo esto hay que añadir el corporativismo profesional, esto es, sindicatos, patronales y colegios profesionales que, además del gasto público que llevan aparejado, significan un instrumento de rigidez y de ineficacia para nuestra economía, que no anda muy sobrada de productividad. Y es una pena, porque además, el Gobierno tiene ahí un campo inestimable para completar los recortes necesarios para lograr el equilibrio presupuestario sin afectar a la cohesión social. Tampoco la Casa Real, salpicada por algunos escándalos y presunta corrupción de algunos de sus miembros, se encuentra en su mejor momento.
El simulacro de independencia del Poder Judicial nos sorprende cada día con peleas entre las banderías que obedecen al partido que los propuso. Tampoco la Justicia funciona con la independencia y eficacia que debiera, sino más bien obedece a los dictados del Gobierno de turno. Y si la Justicia no funciona, se resiente una institución fundamental para el funcionamiento de la economía. Me refiero a la garantía de los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos, institución puesta también en tela de juicio por la inseguridad jurídica del marco regulatorio.
Victoriano Martín, Catedrático de Historia del pensamiento Económico. Universidad Rey Juan Carlos.
