Uno de los problemas de vivir en una situación de emergencia es el de no abordar cuestiones esenciales, pero con un plazo de maduración más dilatado. Por esto, para la Unión Europea es imprescindible plantearse qué política regional y de desarrollo va a impulsar con sus fondos estructurales.
Cuando hablamos del déficit de política económica global de la Unión, olvidamos que ya en 1958 se trazó un instrumento, el Fondo Social Europeo, con la finalidad de promover las oportunidades de empleo y la movilidad geográfica y funcional de los trabajadores a partir básicamente de la formación. Que en 1975 el Fondo Europeo de Desarrollo Regional se constituyó como un instrumento para promover a través de la dotación de infraestructuras a las zonas del territorio europeo menos desarrolladas. Y que en 1994 Felipe González consiguió crear un Fondo de Cohesión (que en 1993 inició su andadura como Instrumento Financiero de Cohesión) para facilitar la convergencia de riqueza entre los distintos países, colaborando en actuaciones en materia de redes transeuropeas de transporte y medio ambiente.
La preocupación por el fomento del empleo, por la disminución de las desigualdades territoriales, por la convergencia de renta y de riqueza estuvo muy presente desde el nacimiento de las instituciones europeas, a través de varias generaciones de políticos excepcionales que sabían que los países con mayor riqueza se beneficiarían de Europa por sí mismos, y que solidariamente debían promover las mismas oportunidades para los estados que tenían dificultades añadidas.
A partir del año 2000, los fondos comienzan a condicionarse al control del déficit público excesivo, a la aplicación más estricta del principio de adicionalidad (los recursos europeos no debían ser usados para disminuir el esfuerzo fiscal de los países que los recibieran), y a plantearse de forma más moderada para evitar que la ampliación de la Unión hacia los nuevos países del Este desbordara el gasto y lo hiciera insostenible.
Que no aumente la divergencia
Pero en el año 2012 lo insostenible es que Europa no posea una estrategia de crecimiento económico. Principios como los descritos (adicionalidad, evitación del déficit público excesivo) deben reformularse, para conseguir que los fondos ayuden a la consolidación fiscal y no se conviertan en una pura entelequia, por su imposible utilización en un marco de disciplina presupuestaria.
Y esta reformulación debería ser propuesta por España con un contenido realista, para evitar una discusión teórica y maniquea que acabe manteniendo sin modificar criterios inaplicables. Deben flexibilizarse las actuaciones y simplificarse los programas operativos, porque en estos momentos el control de los fondos es muy razonablemente riguroso, pero amenaza con devenir en estéril. Y determinadas políticas estratégicas (el empleo de los jóvenes, la cualificación) deben ser cofinanciadas por la Unión, porque en caso contrario no podrán ser abordadas por los estados, y seguiremos en una espiral recesiva.
Desgraciadamente, en este momento no nos planteamos la convergencia, sino que no aumente la divergencia, y en este contexto es imprescindible que exista una relación entre las actuaciones de los fondos y la capacidad de financiarse de empresas y estados, porque de no ser así, más nos valdría reconvertir los fondos estructurales en instrumentos financieros.
De todo esto debería hablarse, porque el corto plazo nos vuelve miopes, y después de años ocupándonos de la semana que viene, estamos igualmente obligados a resolver lo urgente y hemos dejado de lado mucho de lo importante.
Por cierto, ¿recuerdan ustedes qué países se beneficiaron inicialmente del Fondo de Cohesión en 1994? España, Portugal, Irlanda y Grecia. ¿Casualidades del PIB, visión política...?
Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social.
