¿Sabe usted cuantificar la riqueza que se genera tras una inversión de 200 millones de euros en programas de apoyo a la I+D? ¿Y en la financiación de organismos científicos o centros de investigación públicos? ¿Qué resultados se producen? ¿Qué impactos sobre la sociedad? ¿Qué efectos, en su caso, sobre la competitividad de las empresas que reciben la ayuda? Estas y decenas de preguntas más suelen formar parte, y encuentran respuesta, en un estudio de evaluación de un programa o política de la I+D+i.
La inversión en I+D y la transformación del conocimiento en riqueza a través de la innovación son -junto con el fomento del espíritu emprendedor- dos de los principales vectores para el impulso del crecimiento económico en nuestros días. Casi todos los gobiernos de los países desarrollados y en vías de desarrollo han adoptado políticas e instrumentos de impulso de estas dos actividades, bien a través de actuaciones directas -como puede ser la generación de conocimiento a través de centros de investigación y universidades públicas- o bien indirectas -fortaleciendo el entorno, apoyando a las empresas, etc.-. Hoy, en nuestro país, las Administraciones invierten miles de millones, cada año, en I+D+i.
El problema del largo plazo
En un momento en el que los gestores se encuentran con restricciones en el gasto, en el que la eficiencia y la eficacia se han convertido no ya en una buena práctica sino en una necesidad, las políticas y los programas de I+D+i deben ser sometidos a evaluaciones ex ante y ex post. Cualquier gestor público que haya dirigido o participado en la política científica y tecnológica sabe de las dificultades que existen para trasladar -dentro de la propia Administración, pero también fuera de ella, a los ciudadanos- la importancia de esta política. La ciencia se identifica con resultados a largo plazo y con un alto riesgo y, por tanto, con reducidos impactos en el corto o medio plazo, con lo que ello supone de obstáculo para defender o movilizar el gasto público para esta actividad.
Sin embargo, tras haber dirigido durante los últimos diez años la evaluación de dieciséis programas públicos de apoyo a la I+D+i para distintas Administraciones españolas, me atrevo a afirmar que nada hay más lejos de la realidad que dicha creencia. Los resultados, efectos e impactos de la inversión en I+D+i se producen desde el mismo momento de dicha inversión, obteniéndose durante los primeros tres o cuatro años notables retornos. En términos fiscales, y según el modelo construido por Novadays a partir de esta experiencia, el coste público de un programa de fomento de la I+D+i dirigido a empresas, se recupera, de media -en términos absolutos, es decir, pagos fiscales realizados como consecuencia directa del programa-, durante los cuatro años siguientes a su finalización.
En resumen, 150 millones gastados hoy para apoyar a empresas en la realización de I+D habrán generado para la Hacienda otros 150 millones antes de 2015, además de la riqueza creada para todos los demás agentes: empresas, empleados, sociedad, etc.
Evaluaciones inexistentes
Volviendo al tema que nos ocupa, la necesidad de evaluar estos programas, quisiera resaltar la importancia de las evaluaciones ex ante; es decir, las que se realizan cuando se está diseñando un programa, antes de su lanzamiento. Este tipo de evaluaciones son hoy, en España, prácticamente inexistentes; pero están muy extendidas en otros países -siendo, en algunos casos, obligatorias-. Un evaluación ex ante, no es más que un estudio detallado de la situación de partida de los agentes beneficiarios del programa, de sus necesidades y de los posibles resultados e impactos que se obtendrán con la ejecución del mismo. Sus aportaciones principales son tres: el diseño más adecuado del programa a las necesidades reales de sus beneficiarios -y, por tanto, el aumento de la eficacia del gasto-; la fijación de objetivos cuantificados para el propio programa; y la creación de la información necesaria para conocer, al terminar el programa, los efectos e impactos reales del mismo.
A la espera de que se generalice la realización de este tipo de evaluaciones, las más habituales -que, aun así, siguen siendo excepcionales- son las evaluaciones ex post; es decir, aquellas que se realizan cuando termina el programa. Estas evaluaciones suelen perseguir dos objetivos: aprender para mejorar las nuevas actuaciones y poner en valor lo conseguido a través del conocimiento de sus resultados, efectos e impactos. Realizar una de estas evaluaciones permite al gestor del programa y al Gobierno que lo impulsa hablar con conocimiento detallado de los resultados de su gestión: puestos de trabajo creados, nuevos productos lanzados al mercado, ingresos derivados de la venta de estos productos, reducción de costes alcanzada por las empresas, nuevas empresas creadas, número de patentes generadas, evolución de la competitividad -índice cuantificado- de las empresas, etc., hasta un sinfín de datos y de explicaciones cualitativas que responden a las preguntas que todo gestor se hace cuando impulsa uno de estos programas.
Como conclusión, me atrevo a destacar que la evaluación es -además de un instrumento de suma utilidad para el gestor, como ya se ha expuesto- una práctica esencial en la democracia y que, en estos momentos de concienciación general sobre la importancia de avanzar en la nuestra, ha de ser la evaluación un elemento clave para el fortalecimiento de nuestras instituciones. Las políticas de la I+D+i son un campo de prácticas excepcional para la institucionalización de la evaluación.
José Ignacio Cases Comyn, director general de Novadays.
