El éxito de cualquier reforma financiera se mide en última instancia por su contribución a la resolución de los problemas económicos del país, trascendiendo al sector financiero y constituyéndose de esa forma en instrumento muy eficaz de política económica. Desde que comenzó la crisis, no hemos tenido en España una formulación de reforma financiera con una orientación completa y expresa en este sentido, sino más bien un conjunto incompleto de iniciativas paliativas a la medida de las entidades mas afectadas por la crisis de sus balances, diluyéndose por tanto la potencialidad que los programas de reforma financiera puedan tener como instrumentos coadyuvantes de la recuperación.
El actual Gobierno, a través del R.D-L. 2/2012, ha decidido articular la reforma financiera en torno a dos ejes, la consolidación sectorial, como instrumento de reducción del riesgo sistémico, y el saneamiento de los balances como instrumento de restauración del ciclo de crédito y con ello de la demanda agregada.
Consolidación sectorial
Con lo primero se pretende rebajar la cantidad de riesgo percibido en nuestra economía mediante la estabilización del sistema bancario, eliminando a las entidades señaladas como diseminadoras de riesgo sistémico. Es una medida necesaria que, junto con otros aspectos del RD como los relativos a gobernanza de las cajas y remuneraciones de entidades que hayan precisado de ayudas del Frob, conllevará ganancias de eficiencias en el sistema, por cuanto que se resuelve en parte el problema de exceso de capacidad del conjunto, fruto de más de una década de creación de activos financieros por encima de nuestra productividad, esto es, de crédito por encima de nuestra capacidad potencial de generación de rentas.
Se da por hecho que esta reducción significativa del riesgo sistémico deberá de manifestarse en una compresión del spread de nuestra deuda soberana y de las propias entidades en la proporción atribuible a la prima de riesgo sistémico, así como en una creciente facilidad de acceso a las refinanciaciones de los vencimientos de deuda de los balances bancarios.
Sanear los balances
El otro gran eje de la reforma, el saneamiento de los balances, vendría a servir el otro objetivo de política económica consistente en la normalización y posterior estímulo de la demanda agregada por la vía de la restauración del ciclo del crédito. La fórmula adoptada por el ministro De Guindos, que se basa en la aplicación de un programa de saneamiento patrimonial estricto en su cuantía y calendarios junto con el manteniendo de los patrimonios dañados en el balance de las entidades, es sin embargo una apuesta que entraña más riesgos. Son concretamente cuatro las zonas de incertidumbre que se identifican.
En primer lugar, si bien se demuestra un nada improvisado y bien medido ejercicio de tasación de los daños patrimoniales en sus diferentes tramos -activos adjudicados y dudosos según se trate de suelo, obra en curso o terminada-, el saneamiento forzoso no deja a las entidades más opción que la del desapalancamiento como consecuencia del impacto en capital que supone la realización de pérdidas, provocando con ello a corto plazo el efecto contrario al deseado, y habrá un racionamiento ulterior del crédito durante el proceso de saneamiento. No se debe olvidar que, aunque los procesos de fusión que se realizarán contemporáneamente al saneamiento reducirán el riesgo sistémico, la proporción de capital agregado del sistema sobre el volumen de activos dañados seguirá siendo la misma, de manera que la provisión forzosa no permitirá la expansión de balances ni la mejora de las condiciones de crédito hasta que el proceso de saneamiento no se haya culminado.
La mejora relativa de la base de capital de las entidades dañadas y absorbidas se resuelve empeorando relativamente la base de las sanas absorbentes, de manera que se mantenga invariable la media de capital sobre activos en el conjunto del sistema. El mejor acceso a la financiación derivada de la reducción de riesgo sistémico podría ser determinante para facilitar la refinanciación de los pasivos ya contraídos, pero no necesariamente útil para expandir los balances si las entidades se encuentran inmersas en un proceso de desapalancamiento forzado que limitará su capacidad de inversión.
Límites al escaso crédito
En segundo lugar, el mantenimiento de los activos dañados en los balances limitará el escaso crédito generado durante la fase de saneamiento y momentos posteriores a las refinanciaciones de activos ya constituidos y provisionados, y por tanto relacionados con inversiones cuyo impacto macroeconómico como generadores de empleo y rentas ya fue realizado en el momento de, por ejemplo, la fase de construcción de tal o cual promoción inmobiliaria ahora fallida. Si bien resultará mas fácil encontrar financiación para activos antiguos, los que han de salir de los balances de las entidades, no resultará tan sencillo encontrarla para nuevos proyectos, limitándose así el impacto que este flujo de crédito tendría sobre el conjunto de la economía, que continuaría carente de recursos financieros para crecer por medio de la necesaria inversión nueva. El RD no especifica si las exigencias impuestas a los bancos de financiación a familias y pymes incluirían refinanciaciones de activos antiguos o nuevas inversiones.
En tercer lugar, los calendarios impuestos, imposibles de acortar dada la restricción de capital, siguen siendo muy largos. En ausencia de una mejora del clima económico por razones ajenas al impacto de la propia reforma, nos enfrentamos a al periodo de un año fijado como plazo para el saneamiento, en el que el proceso de desapalancamiento no permitirá la plena reactivación del crédito mediante la inversión en proyectos nuevos y esto, en una economía que llevará por entonces mas de cuatro años de implosión, podría dejar definitivamente tocados a sectores amplios de nuestro sistema productivo, que podría terminar por sumirse, tras un periodo tan prolongado de restricción crediticia con deflación de activos, en un estado permanente de actividad a baja frecuencia, una suerte de trampa de liquidez de incierta salida, que en otras situaciones comparables ha terminado por consolidarse como régimen normalizado de actividad.
Busca abaratar los inmuebles
Por último, sí da la impresión de que, como se ha dicho, se articula una reforma que persigue la bajada del precio de los inmuebles como objetivo prioritario. Pero la fórmula introduce una circularidad de ruptura incierta. Al anteponerse en el tiempo la provisión forzosa de los inmuebles a la restauración del crédito, parece haberse optado por estimular el mercado inmobiliario por el lado de la oferta, mediante bajadas de precios, frente a la demanda que se derivaría de una mayor facilidad crediticia a priori. En pleno proceso de desapalancamiento, es difícil que aparezca el crédito que empuje a la demanda, con la excepción otra vez del que sirva para sacar del balance de las entidades sus activos provisionados.
Es con todo una reforma de la que tenemos que alegrarnos porque introduce certidumbres, transparencia y demuestra por fin conocimiento y determinación en la acción política, pero cuyo éxito, medido por su eficacia como instrumento de reactivación, parece descansar ampliamente en el éxito a su vez de otras reformas de corte estructural que vengan a complementarla.
Ignacio Muñoz-Alonso, Consejero Delegado, Addax Capital, LLP. Profesor de finanzas del IE Business School.
