Cualquier influencia es mala. Pero una buena influencia es, desde luego, lo peor de todo. Cuando Oscar Wilde escribió esa frase no pensaba en la reforma laboral que el Gobierno aprobará este viernes. Pero la frase parece adecuada y casi inventada para la ocasión, porque el Gobierno está, por supuesto, intentando una reforma entre varias influencias: el temor a las huelgas generales que ya anticipó Rajoy, la oposición de los sindicatos, las exigencias de la patronal y las muy delicadas circunstancias del mercado laboral y del aumento vertiginoso del desempleo. Pero también está influido por la opinión general de que sin reforma no habrá recuperación alguna del empleo ni estímulo a la contratación. Si el Gobierno leyera a Oscar Wilde, sabría que todo eso es demasiada influencia y apostaría por un solo criterio: empleo, sobre todas las cosas.
El Gobierno aprobará entre buenas y malas influencias una reforma laboral de la que van conociéndose algunos anticipos parciales: mejorar la empleabilidad de los parados; dar más estabilidad al empleo; fomentar la formación a lo largo de toda la vida laboral e introducir una mayor flexibilidad interna en las empresas para que puedan adaptarse a las circunstancias del mercado y los ajustes no se produzcan por la vía del despido. La música suena bien.
Una reforma profunda
Pero la letra -sobre todo la que aparezca después en el BOE- es muy importante. Porque si esta reforma no es absolutamente profunda será ineficaz e incluso puede ser contraproducente. Reducir el coste del despido no es suficiente; limitar las modalidades de contrato, reformar la negociación colectiva, fomentar el trabajo a tiempo parcial son medidas necesarias, pero ya no son suficientes. El enfermo no necesita solo una medicina sino una terapia de choque. Y, sobre todo, una cierta lógica normativa, porque el sentido común también importa.
Entre los otros aspectos que el Gobierno reformará y sobre los que se habla menos se encuentra la supresión de la intervención de la autoridad laboral en los despidos colectivos. La música vuelve a sonar bien. Hace muchos años que los ERE debieron prescindir de ese control. Los países de la Unión europea mantienen legislaciones en las que la autoridad laboral puede ser informada de los despidos pero en ningún caso asume la función de autorizarlos, como hasta ahora en España.
Si esto ha venido siendo así es porque parece que, al intervenir la autoridad laboral administrativa, el trabajador tendrá mayor amparo, más garantías. Y eso, en realidad, es falso. De hecho, la resolución administrativa opera siempre sobre un pacto previo entre la empresa que despide y los representantes de los trabajadores. Y la intervención administrativa no alcanza nunca a desautorizar un pacto sino que, cuando considera que es lesivo, se remite a la autoridad judicial. Se trata, sencillamente, de una intervención administrativa innecesaria e injustificada en una relación entre particulares en la que no existe un interés público que exija su participación, ya que la evitación de los despidos injustificados puede lograrse igualmente a través del control judicial de la existencia de causa legítima.
Si el Gobierno leyera a Oscar Wilde, prepararía una reforma sin influencias. Pero, desde luego, la reforma debe ser muy influyente.
Juan Carlos Arce, Profesor del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad Autónoma de Madrid.