En España, como en el resto de Europa, se pagan pensiones a los trabajadores que se jubilan y, salvo catástrofe hoy día no previsible, se seguirán pagando en el futuro.
Los estudios demográficos prevén una acelerada disminución o envejecimiento de la población activa y un aumento creciente de la población pasiva o jubilada. No hay estudio que permita asegurar la sostenibilidad de los regímenes de pensiones con base en una población trabajadora que mantenga con sus ahorros y aportaciones a una población jubilada.
Es tiempo de asumir que la carga social de los jubilados se deberá atender por el Estado con la recaudación presupuestaria anual, o con su endeudamiento, o con la sustitución de otros gastos o inversiones por el pago de pensiones, y según ello regular la cuantía de éstas y la normativa para acceder al derecho a pensión. Es evidente que la masa social de pensionistas algún día esgrimirá la fuerza del peso de su voto y exigirá.
Elisa Martínez de Miguel es socia de Neumann International.
