El Tribunal de Justicia de la UE rectificó ayer el criterio de su abogado general al resolver que las autoridades públicas sí pueden ofrecer incentivos económicos a los médicos para fomentar la prescripción de medicamentos menos caros.
Al contrario de lo defendido por el "juez instructor", Niilo Jääskinen, en su informe de conclusiones con el que se alineó la industria farmacéutica y la Comisión Europea, la prohibición de primar con ventajas económicas o en especie la prescripción de un medicamento (artículo 94 de la Directiva 2001/83/CE) no rige para los organismos públicos.
El veto, aclara la sentencia, afecta principalmente a las actividades de promoción de la industria farmacéutica e intenta impedir prácticas comerciales que influyan por un interés económico en la prescripción o dispensación de medicamentos. Es el criterio que han defendido seis gobiernos en la cuestión prejudicial presentada por un tribunal inglés, entre ellos España.
Sin fin lucrativo ni comercial
La decisión judicial avala así los incentivos económicos vigentes en Inglaterra y Gales para que los médicos prescriban a sus pacientes medicamentos menos caros que otros de la misma clase terapéutica (estatinas para tratar el colesterol), con el fin de controlar el gasto público. No en balde las diferencias de precios entre estatinas son muy significativas. Así, por ejemplo, una rosuvastatina cuesta 38,9 euros en España, mientras que la simvastatina se reduce a 4,4 euros.
El Tribunal sostiene que la política de salud definida por un Estado "no persigue ningún fin lucrativo ni comercial", por lo que el sistema de incentivos examinado "no puede considerarse incluido en el marco de la promoción comercial de los medicamentos".
Apoyados en criterios objetivos
No obstante, los magistrados tampoco dejan pista libre a las autoridades, sino que les emplazan a asegurar que los incentivos se apoyan "en criterios objetivos y no se practica ninguna discriminación entre los medicamentos nacionales y los procedentes de otros Estados miembros". Además subrayan la libertad de prescripción médica, si bien reconocen a las autoridades públicas o profesionales su capacidad para orientar dicha prescripción.
Con esta sentencia, el Tribunal salvaguarda un instrumento de control del gasto muy eficaz que incide en la prescripción de fármacos, una factura que sólo en España supera los 15.000 millones de euros al año.