
Más de 5.000 aspirantes se presentarán en el mes de marzo a la primera convocatoria de 2018 para el examen de acceso a la Abogacía para poder ejercer las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Todos ellos llegaron al examen con un título de máster en sus currículos. Un trámite obligatorio.
En España hay 144.212 abogados residentes a los que hay que sumar otros 102.071 colegiados como no ejercientes, que componen un amplio caldo de cultivo para la existencia de máster de especialidades del derecho. La oferta es inmensa.
Desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, para presentarse a esta prueba se debe estar en posesión del título de licenciado o graduado en Derecho o grado equivalente, además de haber superado el máster universitario o curso en escuela de práctica jurídica, así como el período de prácticas externas tuteladas. Esta situación ha llevado a que todas las universidades se hayan lanzado a crear su propio título habilitante.
La Ley 34/2006 exige acreditar diversas competencias jurídicas, como son que los alumnos conozcan los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico e interpretar fuentes y conceptos jurídicos básicos de cada uno de los distintos órdenes jurídicos.
Deben profundizar en el conocimiento de los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos; interpretar textos jurídicos utilizando los principios jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis; pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las diversas materias jurídicas; resolver casos prácticos; manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las distintas ramas del derecho; y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención de información jurídica –bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, etc.–, así como herramientas de trabajo y comunicación.
El 'caballo de batalla'
El peso de las prácticas es de un tercio de los créditos (30) sobre los 90 que establece la normativa para el examen de acceso. Por ello, las prácticas son el caballo de batalla más duro para los centros, puesto que permiten a los alumnos, durante unos meses, trabajar junto a especialistas jurídicos de diversos despachos en todas las áreas, lo cual se convierte en un insustituible inicio de carrera profesional.
Los centros públicos y privados deben negociar acuerdos con los despachos para que reciban a sus alumnos y les permitan formarse durante ese corto periodo, pero el problema es que estas prácticas se han convertido en un reclamo para los alumnos, cuanto más destacados sean los despachos y más facilidades otorguen, más atractivos se les consideran.
También, se da el modelo de la formalización de alianzas, como ocurre con el Centro de Estudios Garrigues, que se encuentra adscrito a la Universidad de Nebrija. En este caso, la superación del máster permite la obtención del título oficial por la Universidad del máster Universitario en Práctica Jurídica con la mención de la especialidad cursada por el alumno. Además el alumno recibirá un título acreditativo de sus estudios por el Centro de Estudios Garrigues.
Los precios a pagar
Los precios del máster de acceso oscilan entre las matrículas y derechos que se pagan en las universidades públicas a los cerca de 30.000 euros que suponen las tasas en el Centro de Estudios Garrigues, el Instituto de Empresa. Entre unas y otras instituciones hay una amplia panoplia de posibilidades.
También, existe un campo de másteres de acceso no presenciales, que se pueden realizar online. Un buen ejemplo es el máster de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), que cuenta con el apoyo de la Cátedra Cuatrecasas. El precio medio de las tasas ronda los 8.500 euros, aunque existen amplias diferencias entre las universidades privadas y las públicas, y en el caso de estas últimas también hay oscilaciones entre las diversas comunidades autónomas.
Por si estas variaciones fueran pocas, a la hora de elegir máster, también es preciso tener en cuenta si se trata de un máster de acceso o de una titulación doble, que conlleve una especialización. En estos casos, la media anda en torno a los 13.000 euros.
En estos casos se cursan entre 120 y 150 créditos en vez de 90, que es el número de créditos que se obtiene con el máster de acceso.
El papel del 'ranking'
Otro caso distinto es el de los másteres de especialización, pensados tanto para estudiantes como para profesionales en ejercicio. Los hay sobre cada una de las jurisdicciones, pero también sobre Derecho de los Negocios; Dirección de Asesoría Jurídica de Empresas; Gestión Global de Recursos Humanos; Compliance; Derecho de la Energía; Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual; Medicina; Farmacia; Deportivo; Gestión Administrativa; Propiedad Industrial, Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías; o en Gestión y Representación de Artistas y Deportistas. Todo un escaparate de ofertas.
La Judicatura se suma a este formato
La fiebre de los másteres habilitantes se extiende más allá de la Abogacía y la Procura, busca ahora el acceso a la Judicatura. Así, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado la constitución de un comité de estudio con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con el objeto de que los estudios de formación inicial de acceso a la Carrera Judicial tengan la condición de máster oficial.