"Desaprobado en política, aprobado en economía". Esa sería la mejor manera de definir al Perú del último año. A pesar de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar en marzo, en medio de escándalos de corrupción y tras su pésima relación con el Congreso, la economía peruana se mantuvo estable y hubo una transición sin contratiempos del hasta hace poco vicepresidente Martín Vizcarra.
La crisis dejó claro que a pesar de la turbulencia política el comportamiento de los agentes económicos no se alteró; no hubo una caída de la Bolsa de Valores de Lima, ni fuga de capitales. Más bien, hubo expectativa por el cambio de Gobierno.
Vizcarra tiene como herencia una economía frenada, que provocó que se baje la proyección de crecimiento del 4% al 3,6%, debido al menor ritmo de inversiones públicas y privadas desde el 2017. A esto se suman las últimas cifras, que muestran que la pobreza subió un 1% en 2017, el primer aumento en 10 años, según los datos oficiales.
Sin embargo, el nuevo Gabinete Ministerial liderado por el premier César Villanueva ha inyectado esperanza entre los analistas económicos, quienes observan con optimismo sus primeras medidas. Entre los cambios destacados está el nombramiento del nuevo ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, quien anunció que para "encender" la economía se requerirá una mayor recaudación estatal y crecimiento.
De esta manera, el plan es aumentar los ingresos tributarios y reforzar la capacidad recaudadora del Estado para activar la inversión pública. Es bien sabido que una de las grandes carencias del Estado peruano es no recaudar todo lo que debería.
Las cifras son elocuentes. En 2017, los ingresos tributarios ascendieron a 23.270 millones de euros, lo que supone un retroceso del 1,3% respecto al año anterior. Con la adopción de las nuevas medidas, se estima que recaudación suba un 6,5% en 2018. Sin embargo, es aún un registro por debajo del promedio de América.
Similar situación presenta la presión tributaria, que va en caída desde 2012 y que retrocedió un 12,9% el 2017, una cifra que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pretende elevar hasta el 15,3% al 2021.
Tuesta ha sido claro al señalar que la solución está en eliminar muchas exoneraciones tributarias vigentes, que le cuestan al Estado poco más de 4.200 millones de euros al año; su idea no es aumentar los impuestos sino cobrar lo que se debe. Actualmente, el sistema crea situaciones de privilegio, evasión y una economía paralela, que a la larga beneficia a pocos. Un caso emblemático son las universidades privadas, que dejan de pagar cerca de 514 millones de euros al fisco, mientras que son el negocio más rentable del Perú.
Para el ministro, estos beneficios deben tener como objetivo luchar contra la pobreza, mejorar la educación o promover el desarrollo, por lo que la revisión de las exoneraciones seguramente causará resistencia.
Entre otras medidas anunciadas figuran ordenar los regímenes tributarios y elevar la tasa del impuesto selectivo al consumo (ISC). Con estas medidas se espera subir la recaudación y llevar a que los ingresos fiscales sean del 18,7% en 2018 y del 20,3% en 2019, y bajar el déficit fiscal del 3,7% en 2017 al 1% en 2021.
Inversiones
Otra de las medidas inmediatas será aumentar la inversión pública, a fin de que estimule la economía como consecuencia de la reconstrucción de infraestructuras en regiones afectadas por las lluvias que sufrieron el año pasado.
Las proyecciones del MEF para 2018 son de 17,5%, basándose en la continuidad de los proyectos que ya están en marcha. Tan solo el primer trimestre se espera llegar al 13,4% (aproximadamente 1.100 millones de euros), evidenciando una tendencia favorable, luego de tres años de caída.
Asimismo, el MEF ya anunció que se reasignarán cerca de 1.800 millones de euros (casi un punto del PIB) para dirigirlos a inversión pública. El origen de este montante fue el recorte de gastos superfluos en el Gobierno, que ahora es parte de las nuevas medidas económicas.
El "encendido de motores" no solo se hará con la inversión pública, sino también con la privada, la clave será acelerar la adjudicación de proyectos por 9.200 millones de euros este año, como parte de las obras de reconstrucción del norte del país, que fue afectado por las lluvias del 2017.
Otras medidas tienen que ver con un destrabe de procedimientos en el Gobierno, que incluyen implementar la Ley 30737, que restablece la capacidad económica de las empresas constructoras involucradas en casos de corrupción por el caso Odebrecht y que tenían sus actividades inactivas por los procesos de investigación en su contra.
Las empresas, que estaban casi al borde de la quiebra, tienen contratos con el Estado y compromisos de inversiones en obras públicas que suman el 4,5% del PIB. Darles flexibilidad implica que reactiven la economía nacional.
El otro alfil de la inversión privada es la minería, cuya proyección de crecimiento para este año será del 16,5%, la tasa más alta desde el 2011, alentada por los precios altos de materias primas. Este sector es clave para el crecimiento peruano, pues representa el 60% de exportaciones del país y es uno de los grandes aportantes al PIB de los últimos años.
Las inversiones mineras vigentes actualmente son Quellaveco (4.100 millones de euros) de Anglo American; Mina Justa (1.130 millones) por Marcobre; Toromocho (1.090 millones) por Chinalco -que ha iniciado la ampliación de este proyecto-. Estos proyectos serán los motores de la economía peruana a medio plazo.
La intervención del Gobierno para promover la inversión minera será a través de la adjudicación de proyectos por unos 12.600 millones de euros para los próximos tres años, así como la inversión de obras públicas en zonas con potencial minero, para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, de forma que las empresas mineras puedan conseguir la licencia social requerida para esta actividad.
Productividad y empleo
Un reto que tendrá que ser asumido por el nuevo Gobierno es el debate sobre la reforma laboral, con el propósito de que acelere la productividad del país, en un momento en el que el empleo ha descendido y aumentado el subempleo. Los sectores empresariales consideran que para lograr este objetivo se requieren leyes laborales más flexibles que a la larga creen más trabajo o generen beneficios a sus empleados.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Perú es uno de los países del mundo donde es más difícil contratar y cuya informalidad laboral ronda el 73%. El resultado es empleo precario y sin beneficios, pero que garantiza la subsistencia de millones de peruanos.
Sin duda, el tema laboral es sensible en cualquier país y el Perú no es la excepción. La lucha entre empresarios que quieren dinamizar sus negocios y defensores de los trabajadores que temen despidos será un debate que seguramente se abrirá.
Por otro lado, en un mundo que va camino de la digitalización y la innovación permanente -que tendrá un efecto económico los próximos años-, la situación laboral y el desarrollo humano serán asuntos impostergables.