El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) investigará al ex consejero de Justicia de la Generalitat y diputado de JxSí en el Parlament, Germà Gordó, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos y otros, por su supuesta participación en el caso 3% de comisiones ilegales en Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Gordó ha explicado en un comunicado, ante la demandan de la oposición, dejará de presidir la comisión de justicia de la cámara pero conservará el escaño
El TSJC se ha declarado competente para la investigación después de que el juez de El Vendrell (Tarragona) que lleva el caso -y que continuará la causa contra el resto de investigados- le solicitase la apertura de diligencias contra Gordó, al tener condición de aforado por su cargo en el Parlament.
Según el auto, consultado por elEconomista, los indicios apuntan a que, al menos entre los años 2011 y 2013, Gordó terció presuntamente "directa o indirectamente" en acuerdos con empresas para adjudicarles concursos públicos ofertados por la Genelitat a cambio de "cuantiosas donaciones" a dos fundaciones vinculadas a CDC: Catdem y Fòrum Barcelona.
En esos años, Gordó ocupó los cargos de secretario del Govern de la Generalitat de Cataluña (2010-2012) y consejero de Justicia (2012- 2016), después de haber sido gerente (2004-2011) de CDC con responsabilidades organizativas y económicas, y miembro del consejo de administración de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Gisa).
Operaciones bajo sospecha
La investigación deberá confirmar si Gordó consiguió que la constructora Copisa donase 100.000 euros a las fundaciones Fòrum Barcelona y Catdem entre el 18 abril y el 27 junio de 2012 a cambio de adjudicaciones como el mantenimiento de centros escolares públicos de Barcelona por 4.735.862,00 euros (antes de IVA) y un refuerzo del dique este del Puerto de Barcelona por 39.603.138,83 euros -en esa obra Copisa formaba parte de una UTE junto a Comsa, Acsa y Benito Arnó-.
Gordó también habría conseguido presuntamente que la constructora Pasquina, mediante empresas vinculadas, donase a las citadas fundaciones de CDC al menos 147.000 euros entre los años 2014 y 2015, a cambio de la adjudicación de obras en la Carretera C-55 por 2.101.864,23 euros (sin IVA), y por la adjudicación de un contrato de servicios de conservación en diversos tramos de carreteras por 7.260.071,70 euros.
Asimismo, Gordó habría obtenido presuntamente, aprovechando sus relaciones personales y políticas con Josep Manel Bassols Puig, diversos regalos personales de la empresa Oproler por mediar en que se adjudicase -en una UTE con la constructora Grupo Soler- unas obras en un instituto de Manresa por 2.671.559 euros.
Nuevo escenario
En diciembre, el juez de El Vendrell ya llevó al TSJC una petición para abrir causa penal contra Gordó y realizar registros de sus domicilios profesionales y personales, pero el tribunal consideró que no había lugar "por el momento"; ahora el juez tarraconense no solicita registros domiciliarios.
Entonces, la instrucción todavía estaba en marcha y el TSJC detectó "ciertas inconcreciones" en las fechas de las adjudicaciones y las de las donaciones, así como "una imprecisión en la descripción de la relación causal entre unas y otras", pero ahora el TSJC sí ve indicios para investigar a Gordó en base a documentos acopiados en registros autorizados judicialmente en sedes políticas y empresariales y en domicilios particulares, así como por declaraciones prestadas por imputados y testigos interrogados en la causa.
