
El expresidente de la Diputación y del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, se encuentra entre los 24 detenidos en una operación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción relacionada con la empresa pública Imelsa por un presunto delito de blanqueo, entre otros. ¿Por qué Rita Barberá no ha sido imputada?
La exconcejal de Cultura en el Ayuntamiento María José Alcón (PP), el exvicepresidente de la corporación provincial y exalcalde de Moncada, Juan José Medina, el exacalde de Genovés, Emilio Llopis, el exvicepresidente de Diputación y ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla, el ex gerente de la Fundación Jaume II, Vicente Burgos, y el ex diputado y vicesecretario del PP David Serra - también imputado en Gürtel- son otros de los 24 detenidos en la macrooperación.
Detenciones todas practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón dentro de la causa en la que hay 29 investigados -término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)-.
Así, las fuerzas de seguridad han detenido a Rus por una presunta trama de corrupción en la empresa pública Impulso Económico Local S.A. (Imelsa) que el juzgado lleva investigando desde hace casi un año en colaboración con el exgerente de esta sociedad Marcos Benavent. Rus, el hombre fuerte del PP al que pillaron contando "dos millones de pelas"
El caso se remonta al año 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.
A los pocos meses se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Alfonso Rus contando billetes del cobro de comisiones, extremo que éste siempre ha negado. En concreto, se oía como supuestamente decía: "Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas".
Este supuesto cobro de comisiones, en este caso durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia, también salpicó a la entonces concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón, hoy detenida. Estas grabaciones provocaron que el PP le suspendiera de militancia.
También las grabaciones de Rus le costaron su puesto tanto en la Diputación -estuvo desde 2007 hasta mayo de 2015- como en el PP, partido en el que ocupaba desde 2004 el cargo de presidente de la provincia de Valencia -fue suspendido de militancia cuando el presidente del PPCV era Alberto Fabra, también entonces presidente de la Generalitat-.
Numerosos registros
Dentro de la misma operación, se han llevado a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunitat, de hecho el propio Rus ha estado siete horas en su casa de Xátiva (Alicante) mientras se practicaba el registro. Así, se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas, entre ellas la empresa pública Ciegsa y fundaciones -la Fundación Jaume II, que en su día estuvo presidida por Vicente Burgos, exmarido de María José Alcón-, la sede de un equipo de fútbol -Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente- y la sede del grupo municipal del PP en Valencia.
Además, los agentes de la Guardia Civil también han embargado un total de 150 vehículos de alta gama de las personas implicadas y han bloqueado 252 cuentas corrientes.
El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado a través de su Delegación en Valencia. La operación la ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial.
La reacción de Santamaría
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que la operación policial es una demostración de que "en España no hay impunidad".