El 'caso Nóos' ha entrado en su recta final con el inicio del juicio en Palma de Mallorca y la situación procesal de Iñaki Urdangarin parece parece complicarse cada vez un poco más. Manos Limpias, el sindicato de funcionarios que ejerce como acusación popular en el caso, se opone de forma tajante a que pueda rebajar su condena mediante un pacto con la Fiscalía, tal y como intentan lograr sus abogados en las últimas semanas.
"Sin nuestro visto bueno, ninguna negociación es válida y a priori nos oponemos a un pacto", asegura Virginia López Negrete, la abogada de Manos Limpias que ha conseguido sentar en el banquillo no solo al cuñado del Rey sino también a la infanta Cristina, en este último caso en contra incluso del criterio del Ministerio Público, que se opuso desde el primer momento a su imputación.
En un escrito presentado en diciembre de 2014, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 19 años y 6 meses de prisión para Iñaki Urdangarin, y otro 16 años y medio para su exsocio, Diego Torres, a quienes acusa de haber urdido y liderado una compleja trama de desvío de fondos públicos a través de la cual se habrían apoderado irregularmente de hasta 5,9 millones de euros. Eso, al margen de que sea condenado también a pagar una multa de 3,5 millones de euros y a 15 años de inhabilitación absoluta y 8 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Manos Limpias, que solicita 26 años y medio para el que fuera duque de Palma y otros ocho años de cárcel para su mujer, la infanta Cristina, como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, no parece dispuesta por ello a que todo se cierre con un pacto de siete u ocho años de prisión para el primero, tal y como podría estar planteándose.
Intento de los abogados
Según fuentes de toda solvencia consultadas por elEconomista, aunque los abogados de Urdangarin rechazaron en un primer momento la posibilidad de un pacto, ahora podría estar abiertos al mismo, admitiendo incluso una pena reducida de prisión. López Negrete insiste, en cualquier caso, que "a nosotros, por el momento, nadie nos ha trasladado nada".
En el caso de la infanta, la Fiscalía defenderá la exculpación basándose en la denominada doctrina Botín, que determina que si en una causa ni el fiscal ni la Abogacía del Estado, ni ningún afectado directo consideran que existe delito, la imputación puede llegar a archivarse.
La letrada de Manos Limpias asegura, sin embargo, que esto no es siempre así. "El propio Tribunal Supremo en 2008 -con motivo del caso Atutxa- estableció que dicha doctrina sólo es aplicable a delitos que dañan a alguien concreto (se dañan intereses particulares y no se denuncia)", dice. Según López Negrete, "el Tribunal Supremo entendió que cuando lo que se ha dañado son intereses colectivos, la causa sí podía prosperar aunque sólo fuera con la acusación popular". Tal y como podría ocurrir ahora con la personación de Manos Limpias.
La defensa de la infanta Cristina, por su parte, pondrá el foco en deslegitimar la acción del sindicato como acusación popular, principal responsable de que la hermana del Rey, y sexta en la línea sucesora de la Corona, se siente en el banquillo. La asistencia de Cristina de Borbón y Grecia al los Juzgados de Palma de Mallorca dará el pistoletazo después de cinco años de instrucción a la apertura de un juicio con 18 imputados y que se alargará al menos seis meses.
Supervisión de la Casa Real
El exsocio de Urdangarin, Diego Torres, defendió este domingo en una entrevista a laSexta que la Casa Real revisaba todo el trabajo que realizaba el instituto Nóos. "Decían 'está muy bien hecho', 'me parece estupendo', 'pues adelante', y nos guiaban", resaltó.
El exprofesor de Esade aseguró que Urdangarin es tan inocente como él, pero remarcó que en sus empresas no hay facturas de clases de salsa, de viajes a Roma ni de safaris a África, a diferencia de las de su exsocio. Tras filtrar durante estos últimos años documentos y correos privados de Urdangarin, mantiene que aún dispone de más discos duros con otros 500.000 documentos.