El manguerazo de casi 5.000 millones de euros que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó sobre los ayuntamientos (y demás entidades locales) a partir de 2009 apenas cumplió con su objetivo fundamental: crear nuevos puestos de trabajo.
Según denuncia el Tribunal de Cuentas en un reciente informe, el 43% de las contrataciones que se nutrieron del denominado Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Feesl) beneficiaron a empresas que no mostraron compromiso alguno de contratar parados.
El Feesl constituye una de las patas sobre las que se articuló la estrategia general de estímulo económico conocida popularmente como 'Plan E', con la que el Gabinete de Zapatero buscó atajar la recesión en la que se vio sumido el país en 2009. El presidente socialista buscó desde el primer momento el efecto más rápido posible implicando al nivel básico de la Administración, el local, al inyectarle de forma directa dinero específicamente destinado a nueva inversión y a gasto social.
El disfrute de los nuevos recursos estaba ligado de forma clara a la contratación de parados, en un momento en el que las cifras de desempleo ya estaban disparadas. De hecho, el Tribunal de Cuentas recuerda que la propia "normativa del Feesl establecía que los pliegos (presentados por empresas para hacerse con los proyectos) debían incluir indicadores relevantes para el fomento del empleo".
De poco sirvió la teoría: el 43% de los beneficiarios de las concesiones ni siquiera asumió el compromiso de contratar a ningún parado. En números absolutos, según la entidad fiscalizadora, fueron 3.851 licitaciones y 6.856 contratos menores (es decir, aquellos de menos de 50.000 euros que no requieren publicidad) los que ayuntamientos y otras entidades firmaron aceptando que no tenían por qué contribuir a reducir el total de parados en sus localidades. Es más, el informe revela que el mero compromiso de contratar no era garantía de nada y que el incumplimiento se toleraba.
9.500 parados en la cuneta
Así, el Tribunal de Cuentas detectó que el 13% de las empresas que aseguraron que iban a poner a trabajar a parados no lo hicieron finalmente. Esta omisión supuso que casi 9.500 desempleados se quedaran estancados en esa situación.
Los datos desglosados por comunidades autónomas muestran cómo la relajación de exigencias, a la hora de hacer el reparto de los ingresos del Feesl, se constituyó en práctica habitual en no pocos territorios. No en vano en Castilla y León el 68% de los contratos se concedió "sin compromiso de contratación de nuevos trabajadores".
El porcentaje es ligeramente inferior en el caso de la Comunidad Foral de Navarra (60 puntos porcentuales), mientras que también se mantiene en niveles notablemente elevados en La Rioja (59%), Islas Baleares (53%), Aragón (52%) y País Vasco (51%).
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Empleo implantará un plan para parados
