Las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y locales, serán las encargadas de financiar el coste de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el órgano que por imposición de Bruselas se encargará de vigilar la ejecución presupuestaria, el control de la deuda y el cumplimiento del programa de Estabilidad.
Para ello el Ministerio de Hacienda creará una tasa específica destinada a este fin, que pagarán las distintas Administraciones y organismos públicos en una cuantía que se determinará en función del volumen de sus respectivos Presupuestos y que se fijará en concepto de retribución por los informes que recibirán de este organismo. Esta fórmula de financiación se deriva de una de las enmiendas aprobadas durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de creación de esta nueva institución y responsables del Gobierno estiman que de esta forma se refuerza también su independencia.
Dudas sobre su independencia
Precisamente las dudas sobre la efectiva independencia de esta Autoridad Fiscal fueron la causa de que el Gobierno se quedara solo en el apoyo al proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Aunque desde el Ejecutivo se insiste en que el carácter independiente está garantizado, además, por la fórmula para elegir al presidente, que deberá ser refrendado por la mayoría absoluta de las Cámaras Parlamentarias, y porque la Ley explícita que no podrá solicitar ni recibir instrucciones de ningún organismo. "Así lo entiende también la Comisión Europea", aseguran.
En relación con el presidente, otra de las enmiendas que se incorporan en el trámite parlamentario amplía su mandato a un máximo de seis años, improrrogables, frente a los tres años con posibilidad de prórroga por otros tres que se fijaba en el proyecto del Gobierno.
El calendario que maneja el Ejecutivo es que el proyecto de Ley se apruebe en el Pleno del Senado del próximo día siete, y que vuelva al Congreso para su aprobación definitiva en el Pleno de la semana siguiente, lo que permitirá su publicación en el Boletín Oficial del Estado del 15 o 16 de noviembre.
Desde el Gobierno se insiste en que esta Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es un órgano "único, con competencias exclusivas y de ámbito nacional" para el control presupuestario de todas las Administraciones Públicas". Sus funciones será básicamente de "información con el objetivo de evitar sustos presupuestarios y sin capacidad ejecutiva" por lo que sus informes no serán vinculantes para las Administraciones.
El ejercicio de la actividad de la Autoridad no incluirá a los sindicatos, patronales y otras organizaciones privadas que reciban subvenciones públicas, aunque sí podrá emitir opinión sobre todas las actividades que afectan a las cuentas de las Administraciones, concesión de subvenciones incluida.
En cualquier caso reiteran que "no estamos hablando de un órgano que vaya a garantizar el control de la legalidad, sino de una institución con funciones de análisis de las previsiones económicas de los diferentes niveles de la administración y controlar el cumplimiento de los planes de estabilidad o programas económico-financieros, pudiendo emitir recomendaciones o activar los mecanismos de corrección que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Niegan, asimismo, desde el Gabinete que la nueva institución nazca para invadir las competencias de las comunidades autónomas o con una función recentralizadora. Pero recuerdan que Bruselas obliga a una "coordinación máxima" entre los Estados miembros y que en caso de incumplimiento de los objetivos presupuestarios y el plan de estabilidad, las sanciones se imponen al Estado, no a las regiones.
Sin embargo, la ley si prevé que cualquier Administración pueda presentar alegaciones. "Lo que se hace es trasladar la fórmula del Fondo Monetario Internacional" que posibilita estos trámites de audiencia previos a la emisión pública de sus informes sobre los países".
La Autoridad Fiscal empieza con mal pie
