La nueva Autoridad Fiscal Indedendiente, el organismo que fiscalizará las cuentas de las Administraciones Públicas y que Bruselas exigió crear a nuestro país en 2012, no estará operativa hasta finales de año, como muy pronto en otoño, por lo que apenas tendrá margen para realizar alguna recomendación sobre los Presupuestos del año que viene.
El calendario corre en contra del ministerio de Hacienda, que tiene por delante poco tiempo para aprobar importantes leyes o medidas que ya están sobre la mesa, como la Reforma Local, las propias cuentas del Estado, entre otras.
La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás anunció ayer desde Santander, durante unos seminarios organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), que la Autoridad Fiscal iniciará sus trabajos a finales de este ejercicio. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) llegarán al Congreso el próximo 30 de septiembre, de donde saldrían aprobados definitivamente ya en diciembre.
Premura en los plazos
Así, fuentes próximas al Gobierno reconocen que, en el mejor de los casos, el organismo apenas podrá emitir alguna recomendación sobre esas cuentas, dada la premura en los plazos. Bruselas ya apremió a nuestro país a comienzos de año a que lo pusiese en marcha.
Pese a que el organismo estará adscrito al ministerio de Hacienda y tanto su presidente, como sus directores de división serán nombrados por el Gobierno a propuesta del propio ministro, Fernández Currás defendió que la Autoridad de Responsabilidad Fiscal será una institución "independiente", garantizada por ley, que velará por el cumplimiento de las reglas y que definirá políticas fiscales "rigurosas". En su opinión, ésto servirá para reforzar la credibilidad de las medidas adoptadas hasta el momento y asegurará la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La secretaria de Estado de Presupuestos explicó, además, que la principal fuente de financiación de la autoridad serán las tasas que cobrará a la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos por los informes que elabore sobre sus respectivas cuentas públicas. De esta forma no dependerá de transferencias estatales. Los informes de la Autoridad Independiente no serán vinculantes pero "tendrán gran capacidad de influencia". Ésto implica, según Currás, que si una de las tres administraciones se separa de sus recomendaciones ,deberá motivar las razones de no seguir ese criterio.
Marta Fernández Currás hizo hincapié en el reto que ha supuesto la aplicación en el último año de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que, en su opinión, ha sido un "éxito rotundo". Así, recordó que el Gobierno adoptó medidas de ajuste por valor de 40.000 millones de euros, tanto en el capítulo de gastos (30.000 millones) como de ingresos (10.000 millones). De esos 30.000 millones de tijeretazo al gasto, 10.000 han sido absorbidos por las prestaciones sociales y por los intereses de la deuda pública.
La Autoridad Fiscal costará 3.2 millones
