La Junta de Andalucía iniciará antes del verano la tramitación de un proyecto de Ley contra el fraude que establecerá que la concesión de ayudas o subvenciones públicas tenga en cuenta el conjunto del patrimonio y no sólo la renta con el objetivo de propiciar un "reparto más justo y equitativo de las cargas" de la crisis económica.
Así lo ha anunciado este martes en la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, durante la que ha hecho balance del primer año del Ejecutivo de coalición integrado por PSOE-A e IULV-CA bajo la presidencia de José Antonio Griñán.
Díaz ha asegurado que el objetivo de la norma no es "recaudatorio", sino que persigue establecer "mayor exigencia y mayor equidad en la concesión de ayudas públicas porque si somos más justos podremos llegar a más personas que lo necesitan y que el mayor coste de la crisis no lo paguen sólo las clases medias trabajadoras". A su juicio, "tan importante es que los servicios públicos lleguen a quien los necesita, como que les lleguen sólo a quienes les corresponde".
