El Congreso de los Diputados convalidará hoy el Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud así como mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, con el que el Gobierno pretende ahorrar 7.000 millones de euros en la sanidad.
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de abril, pretende, según el Gobierno, garantizar la "universalidad" de la sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los "abusos" en sus prestaciones.
Oposición, sindicatos y organizaciones sociales se oponen a la reforma al considerar que se trata de un cambio del modelo sanitario y que pone en riesgo la salud de los colectivos más vulnerables, como ancianos e inmigrantes.
El decreto fija la nueva aportación del ciudadano -incluidos los pensionistas- en el pago de los fármacos.
Este "copago" será proporcional a la renta y se actualizará como máximo anualmente.
Así, los usuarios empezarán a pagar más por los medicamentos a partir del próximo 1 de julio y, además, tendrán que abonar parte de los productos ortoprotésicos y dietéticos, así como el transporte sanitario no urgente.
A los inmigrantes en situación irregular se les retirará la tarjeta sanitaria el 1 de septiembre y solo serán atendidos en urgencias, por enfermedad grave o accidente, y durante el embarazo, parto y postparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que los españoles.
Los pensionistas pagarán con carácter general el 10% de los fármacos, con unos límites de entre 8 y 60 euros mensuales.
Los usuarios con un nivel de renta por encima de 18.000 euros pagarán el 50% del precio del medicamento, mientras que los que estén por debajo de esa cantidad seguirán abonando el 40% actual y aquellos con más de 100.000 euros pagarán el 60%.
La norma sienta las bases para establecer una cartera de servicios común para todas las comunidades autónomas, que serán gratuitos, mientras que se acordará una cartera suplementaria, sujeta a "copago".
El Gobierno corrige la reforma sanitaria
