Luxemburgo, 28 feb (EFECOM).- El Gobierno español defendió hoy, ante el Tribunal de Justicia de la UE, la capacidad de las diputaciones forales vascas para tomar decisiones en materia fiscal y dejó claro que los flujos financieros entre el Estado y las Haciendas vascas no se ven alterados por esas modificaciones tributarias.
Así lo argumento hoy la abogada que representa a España en la vista celebrada por la corte europea sobre la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto a la autonomía fiscal de las provincias vascas.
El Tribunal con sede en Luxemburgo debe aclarar si éstas están capacitadas para adoptar medidas fiscales, en el marco de un litigio planteado por las comunidades autónomas de La Rioja y Castilla y León por la reducción del Impuesto sobre Sociedades en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
Según La Rioja y Castilla y León, a las que respalda la Comisión Europea, esa rebaja es, en la práctica, una ayuda pública incompatible con la legislación comunitaria.
Los jueces europeos determinaron el año pasado, en una sentencia sobre la fiscalidad de las islas Azores, que para establecer tipos impositivos más bajos, el sistema tributario de la región afectada debe estar recogido en la Constitución, el poder regional ha de tener autonomía para dictar los cambios sin autorización estatal y no puede recibir compensación financiera por la pérdida de ingresos.
La letrada explicó que el sistema tributario español es único y cuenta con cinco regímenes distintos -el general, los de los tres territorios históricos vascos y Navarra-.
Los regímenes vascos se regulan, explicó, mediante el Concierto Económico y el Cupo, que es la aportación económica que Euskadi debe hacer a las arcas estatales para atender servicios de uso común a cargo del Estado y no asumidos por la Administración autonómica.
Según la representante legal de España, los territorios históricos regulan su propio régimen tributario, siempre dentro de los límites que marcan la Constitución y el Concierto Económico, sin intervención alguna del Gobierno central.
Recalcó que el Ejecutivo no tiene capacidad para modificarlas y sólo puede recurrirlas ante los tribunales.
Dejó claro, asimismo, que las provincias vascas no son compensadas por el Estado si esas decisiones les suponen una disminución de los ingresos. EFECOM
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