España

Anticorrupción rechaza investigar a las agencias de rating en España

Foto: Archivo.

La Fiscalía Anticorrupción se ha pronunciado en contra de abrir una investigación en España contra las tres principales agencias de calificación, Moody's, Fitch y Standard and Poor's, al considerar que no existen indicios para probar que alteran los precios del mercado bursátil y utilizan información privilegiada.

De esta forma, el Ministerio Fiscal contesta a la petición formulada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para decidir la admisión a trámite de la querella presentada el pasado mes de febrero por un grupo de abogados contra las tres agencias de rating.

"El inicio de un procedimiento penal contra las agencias querelladas supondría -a la luz de los datos de los que hoy se dispone- la apertura de una causa general en averiguación de posibles delitos de los que en la actualidad no existe noticia", concluye el fiscal.

El escrito considera que abrir una causa penal contra estas agencias supondría "una suerte de investigación predelictual o prospectiva, desligada de la comisión de un hecho delictivo y, por tanto, legalmente proscrita".

Además, Anticorrupción considera que los hechos denunciados "en sí mismos no son constitutivos de delito" y que, además, los querellantes no han presentado "ninguna imputación de actos concretos que encajen en las conductas descritas" en los presuntos delitos de alteración artificial de los precios y uso de información privilegiada, tipificados en los artículos 284 y 285 del Código Penal.

La Fiscalía Anticorrupción reconoce que las rebajas de la calificación de la deuda española "perjudicaron económicamente a España" porque "hay un efecto directo entre las revisiones a la baja de la deuda española por parte de estas agencias de calificación y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de la deuda pública".

No obstante, insiste en que esas actuaciones no tienen carácter delictivo ni han sido denunciadas por el Ministerio Fiscal o "por el perjudicado" directo, que es el Estado español.

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