Un grupo de abogados, reunidos bajo la plataforma 'Unión por las Libertades Civiles y el Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales', ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra las sedes españolas de las agencias de rating Moody's, Fitch Ratings y Standard and Poor's por alterar los precios del mercado bursátil con sus informes de calificación y por utilizar información privilegiada en beneficio propio y de sus clientes en contra de los contribuyentes y los pequeños ahorradores.
En la querella, se les acusa de ser "unas empresas que modulan, manipulan y generan situaciones, contraviniendo la legalidad penal, para obtener unos beneficios tanto directos como indirectos". Esta querella es la primera presentada en Europa contra las agencias de rating.
En concreto, se acusa a estas agencias de actuar como un "oligopolio" -cuentan con un 90% del mercado-, lo que les permite regular y controlar los mercados financieros con sus informes de calificación.
La querella estima que las agencias han obtenido por estas prácticas unos beneficios anuales de 3.000 millones de euros, con márgenes de hasta un 50%. El 75% de sus ingresos provienen de las comisiones que cobran a los emisores por calificar sus títulos.
Castigan la deuda española
En la querella, se les acusa de "manipular deliberadamente" y "castigar duramente" la calidad crediticia de España. Defiende que estas entidades fijan los "ratings" basándose en una "opinión altamente subjetiva y de escaso rigor técnico". El observatorio denuncia que las agencias han castigado la calidad crediticia española y griega, mientras que, por ejemplo, no han penalizado la deuda de Estados Unidos, que ha sido "el epicentro de la crisis".
Piden la entrada y registro
Los querellantes piden a la Audiencia Nacional que ordene la entrada y registro de las sedes de Moody's, Fitch y Standard and Poor's en España para la obtención de pruebas documentales. Previamente, la Audiencia Nacional deberá admitir a trámite la querella, trasladarla al querellado y dar traslado al Ministerio Fiscal, que deberá pronunciarse al respecto.
Además, solicitan que identifique a los cuadros directivos para que declaren como imputados.
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