
A pesar de los rumores del sector que apuntaban que el bono social de la luz podría desaparecer en favor de otro mecanismo vinculado a la renta de los usuarios, el Ministerio de Industria ha confirmado que mantendrá el bono social ya que es "seña de identidad" de su política.
Aseguran que la "voluntad política" del Gobierno es mantener esta fórmula, que se ha convertido en una "medida pionera en los países de la Unión Europea".
El bono social, puesto en marcha a mediados de 2009, consiste en la congelación hasta 2013 de la tarifa de la luz para familias numerosas, familias con todos los miembros en paro, pensiones mínimas y usuarios de menos de 3 kilovatios (kW) de potencia contratada beneficiarios de la tarifa social.
A finales del año pasado, con la aprobación del real decreto ley 14/2010 con medidas para acabar con el déficit de tarifa, el Gobierno amplió la aplicación del bono social en un año, hasta mediados de 2013.
España debe adaptarse a la legislación europea
El Ejecutivo trabaja en la actualidad en la adaptación de la legislación eléctrica a la normativa comunitaria, en la que se recoge el concepto de "consumidor vulnerable". El Consejo de Ministros ya hizo la semana pasada una primera lectura de la transposición, que por el momento consiste en un anteproyecto pendiente de aprobación y de trámite parlamentario.
Industria sostiene que este concepto de consumidor vulnerable "no excluye en modo alguno el ámbito contemplado en el bono social, sino que incluso lo refuerza o amplía".
No obstante, el Gobierno no ha establecido aún qué criterios se utilizarán para determinar la renta ni los umbrales de ingresos por debajo de los cuales se considerará "vulnerable" al consumidor. Se cree que la nueva medida también se ampliará al consumo de gas natural.