El Consejo Nacional de Secretarios Judiciales (Coseju), ha censurado que el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobado en Consejo de Ministros el pasado 4 de abril, carece de la suficiente "homogeneidad y previsibilidad" en la organización de la Oficina Judicial (OJ) y del futuro Tribunal de Instancia cuyo diseño "no queda bien determinado".
Si bien, en su conjunto, valoran positivamente la iniciativa ministerial, en tanto que da un paso más en la modernización de la Justicia, en las conclusiones de las XXVIII Jornadas Nacionales de la Fe Pública Judicial, que hoy se clausuran en Salamanca, reclaman que el diseño de la OJ sea más transparente y que se consolide bajo la exclusiva dirección de los secretarios judiciales.
Lo cierto es que, tal y como ha puesto de manifiesto Ernesto Pedro Casado Rodríguez, secretario coordinador provincial de Salamanca y director CEI, de los 666 artículos de los que consta la Ley, tan sólo 10 se dirigen a regular la Oficina Judicial. De ahí que, al carecer de una organización "clara y concreta" de la estructura OJ, se corre el riesgo, ha explicado Casado, de que cada Administración que tenga competencias en Justicia "vaya a su aire" haciendo un diseño propio. Un punto crucial si se tiene en cuenta que los futuros Tribunales de Instancia, "no pueden funcionar en una estructura distinta de la OJ".
No obstante, sí aplaude el Coseju otros puntos de la norma, como que la Ley prevea un régimen disciplinario propio para los secretarios, que pasarán a denominarse Letrados de la Administración de Justicia, la previsión de un nuevo sistema de sustituciones o de nuevos derechos y deberes para el colectivo. Respecto de este último punto, el anteproyecto de LOPJ les reconoce la posibilidad de libranzas, la libre asociación y el derecho de las asociaciones a ser oídas entre otros derechos que hasta ahora no tenían reconocidos.
Consolidación de sus funciones procesales
En otro orden de cosas, los secretarios judiciales han reiterado su compromiso de ser los encargados de la llevanza del Registro Civil -frente a la postura de Justicia que parece empeñada en encargar esta función al cuerpo de registradores-, al tiempo que han insistido en la necesidad de profundizar en la distribución competencial del proceso -iniciada con la reforma procesal de 2009 y que supuso una atribución de nuevas competencias para el colectivo, especialmente en materia de ejecución- haciendo del secretario judicial el destinatario "natural" de las materias "desjudicializadas".
En este sentido, entienden que el colectivo debería tener un papel protagonista en materia de Jurisdicción Voluntaria, teniendo en cuenta el acuerdo alcanzado con el Consejo General del Notariado, y que presentaron a Justicia hace unas semanas. En la misma línea, sostienen que deben tener un papel fundamental en las funciones mediadoras.
Por último, se quejan los secretarios judiciales de que su Estatuto Profesional no puede referenciarse en el de los funcionarios de los cuerpos generales, "porque son totalmente diferentes las tareas que realizamos y las responsabilidades que asumimos". Pero además, han reiterado su petición de modificar aquel "innegociado Real Decreto de Puestos Tipo aprobado por el anterior ejecutivo frente a nuestra oposición, el cual nos discriminó retributivamente".
Modernización de la Justicia
Por su parte, Joaquín Silguero Estagnan, secretario general de la Administración de Justicia, se ha referido a la necesaria modernización de la Justicia poniendo de manifiesto que, el Pacto de Estado logrado en 2001 con el objetivo de modernizar la Justicia, sigue siendo una asignatura pendiente. Y ha hecho hincapié en la necesaria interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal. Algo que, hoy en día, no se está llevando a cabo dado que cada comunidad autónoma con competencias en Justicia así como las que dependen del Ministerio tiene su propio sistema, en total, hay hasta ocho funcionando en toda España que no están interconectados entre sí.
Los secretarios judiciales defienden su labor en las ejecuciones
