El Consejo Nacional de Secretarios Judiciales (Coseju) ha defendido que la reforma procesal acaecida en 2009 -que supuso una atribución de nuevas competencias procesales, especialmente en materia de ejecución, para el colectivo- "ha sido un profundo éxito". En su opinión "sin el ejercicio responsable de nuestras nuevas competencias en el proceso judicial, incoando las demandas, asumiendo los monitorios, las conciliaciones y resolviendo muchos de los procesos judiciales, hoy la Justicia sería un caos sin solución".
Y es que, a pesar de que la carga de trabajo se ha incrementado en los últimos años especialmente en las jurisdicciones civil y social, "el número de ejecuciones resueltas en 2013 es mucho mayor que el de las registradas". En total, las resueltas supera al de de ejecuciones registradas, prácticamente unas 200.000 más (1.185.870 registradas, frente a 1.378.786 resueltas).
Esta es una de las principales conclusiones del avance del Informe del Consejo Nacional de Secretarios Generales (Coseju) Secretario Judicial en cifras, 2013, que Jaime Herraiz Pages, secretario coordinador de Gerona, hizo ayer durante su intervención en las Jornadas de la Fe Pública Judicial que desde el pasado miércoles se celebran en Salamanca.
De este modo, el Informe, que el Consejo presentará públicamente en las próximas semanas, permite desmentir, en palabras de Jaime Herraiz "algunas afirmaciones desafortunadas e interesadas" de que las ejecuciones, especialmente en materia civil, no están funcionando de manera eficaz.
A ello se une que estudios oficiales como la Estadística Judicial "no tienen los indicadores suficientes para recoger el impacto de la labor de los secretarios judiciales".
Así, ejemplificó Herraiz cómo en 2013, en la jurisdicción civil el número de ejecuciones ingresadas fue de 653.853 frente a 649.361 resueltas. O en la penal, frente a las 415.073 registradas se resolvieron un total de 601.231.
Otros datos revelan cómo la mitad de los asuntos registrados en la jurisdicción civil fueron juicios monitorios atribuidos, desde su inicio hasta su finalización, a la competencia procesal de los secretarios judiciales. Por eso, "los procesos de este tipo que se encuentran pendientes han bajado considerablemente en los tres últimos años, igual que los tiempos medios de tramitación".
Como otro ejemplo, explicaron que los secretarios judiciales, en todas las jurisdicciones dictaron más de 1.500.000 decretos definitivos durante el año 2013. Y en cuanto a los no definitivos, por los secretarios judiciales se han dictado 2.330.722 decretos de incoación de demandas, y 770.796 incoaciones de ejecuciones en el año 2013.
Cerca de 160.000.000 euros a las arcas públicas
Pero además, según los datos del Informe, el saldo actual de todas las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales de los órganos judiciales de toda España, representa más del doble de todo el presupuesto del Ministerio de Justicia y casi lo mismo que todo lo invertido en Justicia, tanto por el Estado como por las comunidades autónomas, incluido el Consejo General del Poder Judicial. Ello genera para las arcas públicas cerca de 160.000.000 euros en intereses de la cuenta.
Así, según sus cifras, cada secretario judicial maneja una cuenta de cosignaciones con un saldo medio de más de 820.000 euros, que generaría al Estado una media anual de unos 40.000 euros en concepto de intereses, por secretario y año.
Unos datos que, en opinión de Herraiz, pone de manifiesto cómo la labor de los secretarios "permite la recuperación de recursos económicos como medida de reactivación de la economía nacional", constituyéndose como "factor de progreso y competitividad de nuestra economía".
La Nueva Oficina Judicial funciona
Por su parte, María Pilar Rodríguez Vázquez, secretaria coordinadora de Burgos, se refirió a las reformas que concluyeron en la LOPJ de 2003, y del nuevo modelo de oficina judicial (Noj) que defendió sin tapujos tras su excelente experiencia en Burgos.
En cualquier caso, según las conclusiones adoptadas por el Consejo, a día de hoy "se puede comparar sin ningún condicionamiento los indicadores de resolución, pendencia y tiempo de respuesta de las ciudades Noj, con los del resto de la Justicia de nuestro país que aún no tiene implantada la Noj y mantienen la antigua organización". Estos datos demuestran cómo, "el cambio organizativo tan ingente que se ha implantado está produciendo sus efectos positivos, y que hoy los índices que analizan la calidad del sistema de Justicia, son mucho mejores en las ciudades Noj que en la media del Estado".
