El sistema español para el pago del canon digital vía Presupuestos Generales del Estado sigue generando críticas ante su dudoso encaje legal, a pocos días de que el Consejo de Ministros de luz verde al anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). ¿Cómo afectará la reforma del Código Penal a las web de enlaces?
La nueva norma prevé consagrar esta fórmula, a pesar de que su origen fue temporal, del rechazo de la Justicia comunitaria, y de que se trata de una "vía atípica" que se salta la relación entre consumidor y autor, tal y como aseguró el pasado jueves el mediador para la copia privada en la UE, Antonio Vitorino.
En el marco de la Máster Class 'El proceso de mediación en materia de copia privada en la Unión Europea', organizada por el Instituto de Autor, en la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae), Vitorino aseguró que el sistema español que se creó a través del Real Decreto 1657/2012 cuenta con un eslabón débil: la falta de vínculo entre las dos partes de la relación, en el caso de España caso, Estado y autor.
Según explicó, la lógica del sistema de copia privada es garantizar que, cuando se compre un dispositivo que permita realizar copias privadas, se pague una compensación al titular de los derechos por esa posibilidad. Por tanto, "el sistema, en términos conceptuales, establece una relación directa entre el que se beneficia y los titulares de derechos que se ven privados de posibles ingresos por esas copias privadas".
No ocurre así en España, donde es el presupuesto del Estado quien asume el pago de forma directa, reduciéndose, por otro lado, de forma drástica la partida destinada a los autores. Este menor ingreso es el resultado de haber limitado -como lo hará también la futura Ley de Propiedad Intelectual- los casos en que se considera que existe copia privada y, por tanto, derecho al cobro de la compensación.
Vitorino aseguró que "la Comisión Europea (CE) tendrá que llegar una solución" acerca de las quejas presentadas por este sistema, y recordó que una sentencia muy reciente del Tribunal de Justicia de la UE (Tjue) -caso Padawan/Sgae- "dejó claro que esa relación entre consumidor y titular del derecho es fundamental". "Es un problema congénito al sistema, y tengo curiosidad por escuchar argumentos de los abogados del Estado españoles en Europa", comentó, asegurando que recurrirán a la "imaginación".
Violación de normas
Explicó también que, en el peor de los casos, puede existir una violación de las normas comunitarias por España, y que el asunto acabe en el Tribunal ", aunque antes existe un largo procedimiento prejudicial para oír al acusado.
La Comisión ha iniciado un diálogo abierto con las instituciones españolas para analizar el problema, aunque cabe la posibilidad de que la llegada de la nueva LPI provoque que se reinicien los plazos, al quedar sustituida la norma debatida, ralentizando la solución.
Ya hay alrededor de siete denuncias contra la Ley Española ante la CE por ir en contra de la Directiva 29/2001, y al Tjue tiene varios pronunciamientos pendientes en materia de copia privada.
Claves de la reforma del Código Penal
