El choque por la extensión de vida de las centrales nucleares entre Endesa e Iberdrola se ha trasladado a la Junta de Vandellós II cuyo cierre previsto se espera para el 1 de febrero de 2035, lo que supone que al menos está central tendrá que afrontar dos peticiones de renovación de licencia.
Ambas compañías tampoco han logrado alcanzar un acuerdo para solicitar una nueva licencia de operación, en este caso, para los próximos diez años ya que volvieron a reproducirse las diferencias entre las partes del encuentro del pasado martes por Almaraz.
Por un lado, Iberdrola ha propuesto incluir una claúsula en el acuerdo en el que sólo está dispuesta a realizar las inversiones recurrentes y que le permita cerrar la central si las inversiones que solicita el organismo supervisor son superiores a lo previsto. Por ese motivo, la eléctrica considera que si no se incluye este punto, Endesa tendría la sartén por el mango ya que la empresa quedaría atrapada por la regulación que obliga a que las decisiones se tomen por unanimidad en estas centrales.
Endesa, por su parte, asegura que las inversiones previstas por la revisión amplia que debe afrontar esta central son más que conocidas por las empresas y reclama que se cumpla el acuerdo firmado entre las eléctricas y Enresa para prolongar la vida de estas centrales.
El futuro de ambas centrales además debe decidirse antes del 31 de marzo y las partes se han comprometido con el Gobierno a estirar el plazo de vida de las plantas hasta la media de 46 años pactada y con el calendario de cierre acordado entre todas las compañías.
En el caso de Almaraz, Endesa, Iberdrola y Naturgy volverán a reunirse el 19 de marzo para analizar la situación y estudiar las nuevas propuestas existentes y en el caso de Vandellos II, la reunión ha quedado fijajda para el próximo día 20. Fuentes consultadas de Iberdrola y Naturgy aseguran que se circuló la propuesta analizada el pasado martes hace diez días y que hasta la reunión del otro día no se recibieron comentarios por parte de Endesa.
La reunión del martes, no obstante, sirvió para aprobar un plan de inversiones ordinarias del orden de 100 millones de euros anuales (es decir alrededor de 700 millones) para este grupo.
Las eléctricas pretenden llegar a un acuerdo consensuado que permita seguir operando estas plantas tal y como está previsto pero dejarán para la semana que viene las nuevas propuestas que se van a poner sobre la mesa para tratar de alcanzar una solución de consenso.
Convenio colectivo
Por otro lado, ayer por la mañana se celebró el juicio por la decisión de la dirección de Endesa de eliminar la tarifa del empleado y otros beneficios sociales al personal jubilado y a sus viudos y viudas, según indica Comisiones Obreras . El sindicato presentó una demanda junto al resto de sindicatos, porque entendían que la eléctrica recortaba unas condiciones que estaban blindadas y que se vincularon a renuncias y a sacrificios de la plantilla y que puede permitir revertir una provisión de 700 millones de euros que tiene ahora la compañía.
