La Comisión Europea ha remitido a España al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no haber traspuesto a la normativa nacional la obligación europea de que los edificios con sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de uso comunitario incorporen contadores individualizados para cada vivienda o departamento.
La medida se incluye en la Directiva 2012/27/UE, de Eficiencia Energética y tenía haberse traspuesto antes del 5 de junio de 2014, pero ha estado entrando y saliendo de distintos borradores normativos, sin que llegara a publicarse. En la última intentona, se establecía que el incumplimiento se consideraría una infracción grave, sancionada con una multa de 1.000 a 10.000 euros.
La normativa europea especifica que están obligados a instalar los contadores todos los edificios, siempre que sea técnica y económicamente viable. Si no lo es, la Comisión Europea recuerda que en su lugar deben utilizarse asignadores de costes de calor montados en cada radiador. El desembolso podía alcanzar los 30 ó 40 euros por unidad, y el anterior Gobierno del PP intentó retrasarlo lo máximo posible.
En cualquier caso, en la última propuesta normativa, se planteó eximir los inmuebles en las zonas climáticas más benignas -las islas, Levante y el Guadalquivir- porque no sería rentable; en las demás zonas, según el tamaño y el emplazamiento, los edificios tendrían hasta 2019 ó 2020 para obtener una valoración y, si procede, un presupuesto.
Ahorro de casi 1.500 millones
En los primeros cálculos de viabilidad se consideró factible si las obras se amortizaban en tres años, atendiendo a un ahorro medio anual del 15%. Iba a afectar a casi 1,2 millones de viviendas y la inversión total durante los primeros cinco años ascendía a 957 millones, pero a cambio se esperaba lograr un ahorro de 1.448 millones en combustible para calderas.
La empresa Ista, especializada en la medición, reparto y ahorro de consumos, indica que cada familia podría ahorrar unos 200 euros anuales en la factura energética y considera que la multa que puede afrontar el país, en el caso de que el TJUE lo decida, podría ascender a 45 millones.
Ignacio Abati, director de Ista y presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (Aercca) declara que "hemos recibido con cierto sabor agridulce la noticia" y considera que la aplicación de la normativa generaría 3.000 nuevos empleos.