La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha confirmado hoy que se ha logrado un acuerdo para rescatar la planta de Vestas en Villadangos de Páramo (León) con un inversor industrial cuyo nombre no quiso desvelar, pero matizó que no se trata de Gonvarri.
"El acuerdo va muy bien y está cerrado, a falta de pequeños detalles por parte del Ministerio de Industria. En un breve espacio de tiempo será él (inversor) quien explique ese proyecto y lo hará público", indicó Del Olmo en la jornada organizada por elEconomista: "Castilla y León: Ventajas competitivas para la inversión".
La consejera subrayó que "lo importante" es que ese acuerdo se ha podido cerrar con el trabajo conjunto de todas las administraciones con el inversor "para que sea una realidad".
La venta se producirá con la ayuda de la Junta de Castilla y León, que ha jugado un papel muy activo a la hora de encontrar un candidato para esta instalación y de la que se han dado importantes pasos adelante con la visita del presidente y consejero mundial de Vestas, Anders Runevad, a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Conlleva una inversión de más de 100 millones de euros y la creación de 250 puestos de trabajo
La Junta, de hecho, ya había avanzado que el comprador se trataba de "un industrial conocido en esta tierra" que llega con un proyecto "definido y muy solvente" que conlleva una inversión de más de 100 millones de euros y la creación de 250 puestos de trabajo.
Posteriormente, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, habló de que se trataba de un "empresario familiar".
El anuncio del cierre de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo provocó un verdadero cataclismo en la provincia leonesa por la pérdida de medio millar de empleos directos y otros tantos indirectos.
La Junta de Castilla y León, trabajadores y centrales sindicales protestaron porque la planta de Vestas estaba en beneficios y se había dejado pasar el plazo de mantenimiento del empleo al que le obligaban las ayudas recibidas, 12,5 millones de euros, para anunciar la decisión.
El Gobierno regional y el Ministerio de Industria unieron fuerzas para intentar convencer a la multinacional para que diese marcha atrás. Pero la decisión de Vestas, que también había cerrado un pequeño centro en Cataluña, era irreversible. Sus argumentos eran que los aerogeneradores que se fabricaban en la planta no tenían ya demanda en un mercado europeo que se enfriaba. Comenzó entonces una auténtica movilización tanto de los trabajadores, que permanecían a las puertas de la fábrica para impedir que saliese material, como para la Junta de Castilla y León, que reclamaba a Vestas que propiciase una alternativa industrial.
Mientras el Gobierno regional iba a Europa para denunciar las malas prácticas de la multinacional y reclamaba a la UE que pidiese la devolución de las ayudas, el Ministerio de Industria firmó un acuerdo con los sindicatos y la multinacional por el que ésta se comprometía a tener las instalaciones en condiciones hasta la llegada de un comprador.
