Madrid, 5 oct (EFE).- La empresa pública Canal de Isabel II emprenderá las acciones legales "oportunas" y acudirá a un juez de control de garantías para impedir la orden de la Fiscalía de Colombia de suspensión, embargo y secuestro de las acciones de su filial Inassa en la compañía Triple A de Barranquilla.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se ha referido a este asunto en una rueda de prensa que ha ofrecido en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, junto a su homólogo de Canarias, Fernando Clavijo.
Canal de Isabel II defenderá "los intereses de esta empresa pública que es de todos los madrileños", por lo que emprenderá las acciones legales "oportunas", ha recalcado Garrido.
El presidente madrileño ha expresado su "desacuerdo absoluto" con la decisión tomada por la Fiscalía de Colombia y ha precisado que se acudirá a un juez de control de garantías para impedir que esto se lleve a cabo.
Canal de Isabel II quiere seguir prestando el servicio que estaba ofreciendo a los colombianos, a través de una filial en Colombia, ha afirmado Garrido, quien ha destacado que la calidad de las aguas "ha mejorado enormemente desde que allí trabaja Canal de Isabel II".
Ha mostrado la disposición de la empresa pública madrileña de aguas a colaborar con las autoridades colombianas como lo hace con las españolas para esclarecer lo que sea oportuno en relación a las "irregularidades" que se hayan podido cometer en Canal de Isabel II, pero también ha pedido "respeto a la legalidad y a una compañía que es propiedad de todos los madrileños".
La Fiscalía de Colombia decretó ayer el embargo cautelar de las acciones de Inassa, filial latinoamericana del Canal de Isabel II, en la empresa Triple A de Barranquilla, en la que controla el 82 por ciento del capital, valorado en 202.000 millones de pesos (unos 58 millones de euros) y ordenó sancionar a ocho directivos y exdirectivos, cinco de ellos españoles, informó el organismo.
Según explicó la Fiscalía en un comunicado, entre 2000 y 2017 se detectaron supuestos pagos fraudulentos a través de un "contrato de asistencia técnica" que habrían causado un daño patrimonial en la compañía Triple A, encargada del mantenimiento de los servicios públicos de Barranquilla, cercano a 236.853 millones de pesos (unos 68 millones de euros).
El contrato se remonta al 4 de septiembre de 2000, cuando Inassa y Triple A acordaron la entrega del 4,5 por ciento de la recaudación de cada mes por los servicios domiciliarios de alcantarillado y limpieza a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica.
Los investigadores calculan que en esos diecisiete años de vigencia del contrato se habrían desviado esos 68 millones de euros, que ahora equivaldrían con la actualización del IPC colombiano a unos 94 millones de euros.
"Los elementos recaudados indicarían que el objeto del 'contrato de asistencia técnica' nunca se cumplió", señaló la Fiscalía, que calificó los hechos de "saqueo".
Según la fiscalía, hay evidencias de "desviación irregular de recursos para beneficiar a terceros", entre ellos las sociedades Canal Extensia, perteneciente al grupo Canal Isabel II; y la compañía panameña Slasa, "que presuntamente recibieron dinero en giros que llegaron a una cuenta de compensación en Miami (EEUU)".
