Un total de 2.782 administraciones públicas -la mayoría, pequeños ayuntamientos- pagan un 20% de más en su recibo mensual de la electricidad por estar indebidamente suministrados con la tarifa regulada -la TUR o el PVPC-, según revelan los últimos datos facilitados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La legislación establece que solo los consumidores con menos de 10 kW de potencia contratada puedan acogerse a la tarifa regulada por el Gobierno, pero hay 16.362 consumidores que no cumplen con ese requisito, bien porque no han acometido el cambio desde que se instauró la medida, hace ya ocho años, bien como resultado de la quiebra de una comercializadora fraudulenta y su traspaso temporal a una Comercializadora de Referencia. A ellos, para que abandonen la tarifa cuanto antes y contraten el suministro en el mercado libre, se les aplica un incremento del 20%.
En 2017 esta penalización rebajó la factura de la luz de todos los consumidores en 12,2 millones de euros -se considera un ingreso del sistema- y para este año está previsto que la rebaja sea ligeramente inferior, de 12 millones.
El número de consumidores en esta situación se ha reducido más del 90% -al principio eran más de 200.000-, pero la reducción parece haber llegado a un punto asintótico, y desde diciembre del año pasado están ligeramente por encima de 16.000.
La mayoría, exactamente 11.222, son clientes domésticos, pero a continuación están las administraciones públicas, que son 2.782, las pymes -suman 2.173- y los grandes clientes, los cuales ascienden a 186. Además de sufrir la citada penalización del 20%, muchos de ellos conseguirían una significativa rebaja de sus facturas porque las tarifas de acceso son más bajas cuanto más alta es la tensión a la que se contraten.
La caja del sistema disponía de 554 millones más de lo esperado al principio del año
Los datos anteriores están extraídos de la liquidación del sector eléctrico elaborada cada mes por la CNMC, en la que se recogen los ingresos y los costes del sistema.
Durante el último mes liquidado, el de junio, la caja del sistema disponía de 554 millones más de lo esperado al principio del año, porque los costes de los sistemas insulares -se trasladan al conjunto del país para que la luz cueste lo mismo- fueron 287 millones más bajos; las renovables, la cogeneración y los residuos percibieron 55 millones menos; la distribución también requirió 47 millones menos, y se facturaron 30 millones de euros más por los peajes.
Por el lado del sistema gasista, si se preveía un déficit de 175 millones a estas alturas del año, la falta de fondos se limitó solo 78 millones. A final del ejercicio la previsión es que se consiga un superávit de 10 millones, después de años cerrando con déficit.
