Cinco años y varias sentencias del Tribunal Supremo han hecho falta para que la Administración central tenga conocimiento del importe recaudado por las comunidades autónomas gracias a los tributos que aplican sobre las actividades reguladas del sector eléctrico, es decir, el transporte, la distribución y la producción con renovables, cogeneración y residuos: la cuenta ascendió a 111,6 millones de euros en 2013, y no está completa.
Las firmas eléctricas -Iberdrola, Naturgy, la Asociación Eólica de Castilla y León- han soportado ese monto en sus cuentas de resultados, a pesar de que la legislación establece que deben ser los consumidores de las regiones que aplican los impuestos los que lo sufraguen. Y reclamaron. Y los jueces les dieron la razón.
Pero resultaba que los datos tributarios necesarios para corregir la situación no estaban en posesión del Ministerio de Hacienda; sólo las comunidades autónomas tenían el grado de desglose necesario para trasladar a cada actividad eléctrica regulada el monto recaudado con las figuras impositivas, que son de lo más variado: desde cánones de saneamiento de agua hasta impuestos sobre el impacto visual o tributos específicos sobre la eólica.
Así que en un principio hubo que identificar los tributos y pedir los datos a los gobiernos locales, pero no todos respondieron; en un principio, sólo lo hicieron Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Castilla-La Mancha.
Para solucionarlo, el Gobierno central tuvo que habilitar un mecanismo de recogida de información complementario -con una aplicación informática especial-, para que las autonomías dieran razón de sus impuestos y las empresas acreditasen haberlos abonado, al objeto de que se les devuelvan las cantidades reclamadas.
Durante los pasados meses de junio y julio -el plazo acaba este agosto- se han recibido unos 400 escritos de ambos tipos de sujetos, pero no todos lo han hecho, bien porque no tienen impuestos propios que afecten a la electricidad, como en el País Vasco, bien porque no los han aplicado -Canarias-, o porque en realidad no tienen relación con la electricidad, como ha sucedido en Baleares.
Al final, el Gobierno, presionado por la Justicia, ha elaborado una norma que permita aplicar los recargos locales a los consumidores locales, pero sólo según la información que le han declarado las empresas y las autonomías.
Atendiendo a una factura anual de 600 euros, los hogares que más pagarán serán los gallegos, unos 15,75 euros durante un año, seguidos por los castellanoleoneses, unos 13,18 euros, y los cántabros, con 7,69 euros. Éstos, aunque su gobierno sólo recaudó 4,5 millones, son pocos a repartir.
