El Gobierno ha aprobado una medida de urgencia para evitar que Endesa se vea obligada a parar sus centrales en las islas Baleares y Canarias a partir de 2020. Para poder realizar las inversiones necesarias, la eléctrica necesitaba un permiso específico del Gobierno, tal y como exige la Ley, al tratarse de una generación cuya retribución está regulada. Tras haber pasado el plazo para poder llevar a cabo las inversiones en desnitrificación, el Ejecutivo ha tenido que tomar medidas excepcionales ante la situación de riesgo de suministro en la que comienzan a encontrarse las islas, pese a las constantes advertencias de la compañía.
Para evitar esta situación, y los consiguientes apagones, el Partido Popular mediante una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado, incluyó finalmente una reforma de la ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
Según el texto de esta normativa, que ha sido publicado ya en el Boletín Oficial del Estado, con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se modifica el artículo 2 de dicha normativa para añadir un apartado con la siguiente redacción:
"Con carácter excepcional y durante el año 2018, cuando el operador del sistema ponga de manifiesto la existencia, en un horizonte temporal de cinco años, de necesidades de potencia para garantizar la seguridad del suministro de forma eficiente, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital podrá otorgar, sin necesidad de resolución favorable de compatibilidad, en la medida imprescindible para satisfacer dicha necesidad y por un tiempo limitado, el régimen retributivo adicional a instalaciones existentes que deban llevar a cabo inversiones adicionales derivadas del cumplimiento de la normativa comunitaria o Estatal para continuar en funcionamiento". Es decir, el Gobierno reconocerá las inversiones necesarias en las islas para poder evitar esos apagones.
El Ministerio está analizando ya las inversiones que serán necesarias para hacer frente a los procesos de inversión que permitan seguir operando estas plantas.
Según las cuentas que ya están encima de la mesa del Gobierno, Tenerife requeriría inversiones del orden de 40 millones, Gran Canaria de 35 millones y Menorca de 20 millones, entre otras, pero además se tendrá que añadir un sistema redundante de seguridad -por culpa del retraso en adoptar esta medida- que tendrá un coste adicional que puede llegar a superar los 50 millones de euros. La cantidad a destinar será superior ya que hay que tener en cuenta las necesidades de cada isla en función de su situación para garantizar el suministro y su nivel de interconexión.
Cartas de queja
A lo largo de los últimos años, Endesa ha remitido un buen número de cartas a las administraciones correspondientes reclamando una solución. De hecho, la propia Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (Caeb) remitió una carta el pasado abril al por entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la que le advertía de una "catástrofe" en Menorca por falta de electricidad tras la ruptura de la interconexión con Mallorca y la nula inversión en la central de Mahón para cumplir la legislación ambiental europea. El accidente dejó el suministro eléctrico de Menorca exclusivamente en manos de la central térmica de Mahón, que no ha podido recibir la inversión necesaria para cumplir con la Directiva de Emisiones Industriales.
Endesa no puede adaptarla para cumplir la legislación ambiental europea sin la autorización para invertir depende del Ministerio.
La Confederación empresarial le pedía entonces a Nadal en la carta "que a la mayor brevedad posible se realicen las actuaciones necesarias para la aprobación urgente de las inversiones medioambientales que la central de Mahón requiere con el fin de asegurar la garantía del suministro eléctrico a la isla de Menorca" pero esta misma situación se reproduce en otras muchas islas. La interconexión con Mallorca, por ejemplo, está ligada en gran parte al cable que conecta la isla con la península. Si no se hicieran las inversiones en las plantas, se produciría un riesgo de cortes de suministro si hubiese cualquier fallo en esta instalación. El cable entre Mallorca y la Península ya ha tenido entre cinco y siete averías en los últimos años y algunas con duraciones cercanas a las 60 horas, un extremo que supondría dar un apagón de gran calibre e inaceptable para una zona dependiente además en gran medida del turismo.
El nuevo Gobierno tendrá que fijar ahora las inversiones necesarias y la retribución que tendrán estas plantas para evitar los cortes de suministro en los territorios insulares.
