Las centrales nucleares francesas no han sido concebidas para resistir una agresión terrorista, indica un informe parlamentario difundido hoy, que ve como principales riesgos la caída de un avión, una intrusión o un sabotaje interno.
Su análisis ha sido entregado al presidente de la Asamblea Nacional, François de Rugy, en un momento en que el Ejecutivo prepara una primera versión de la nueva programación plurianual energética, que debe fijar los equilibrios entre la energía renovable y la nuclear en la próxima década.
De acuerdo con el informe, publicado hoy por el diario "Le Monde", será "difícil" paliar esos fallos de seguridad detectados y puestos en evidencia esta semana por la ONG Greenpeace, que logró colar dos pequeñas aeronaves en la central nuclear de Bugey (sureste) para mostrar la vulnerabilidad de las instalaciones.
La comisión fue creada precisamente por un informe de Greenpeace de octubre de 2017 sobre los fallos de seguridad en las centrales francesas, y principalmente en las piscinas de almacenamiento del combustible usado -las mismas a las que llegaron los apartados de Greenpeace-.
Sus integrantes recomiendan en su documento la presencia "como mínimo de cuatro gendarmes en todo momento por reactor nuclear".
Advierten también de que los entre 1.000 y 1.500 convoyes autorizados a circular en Francia cada año para transportar material radiactivo siguen demasiado a menudo la misma ruta y horarios, que deberían modificar.
El parque nuclear francés cuenta con 58 reactores repartidos en 19 centrales y tiene una capacidad de producción de 63.000 megavatios, lo que hace de él el segundo más importante del mundo, por detrás del estadounidense, que tiene 99 reactores.
La comisión insta también a reforzar el papel de la Autoridad de Seguridad Nuclear de Francia (ASN), organismo encargado de garantizar la reglamentación y el control del sector nuclear para proteger a los ciudadanos y el medio ambiente.
El 75% de la electricidad producida en Francia procede de las centrales nucleares, un porcentaje que el actual gobierno quiere reducir hasta el 50% en las próximas décadas.