España ocupa la tercera posición en Europa en recursos de biomasa; sin embargo, a pesar del gran potencial para su desarrollo, se encuentra en los últimos puestos del ranking en su aprovechamiento. Una pena si tenemos en cuenta que la superficie forestal del país supera los 27'5 millones de hectáreas (57% del total) y que es la Región de Europa con mayor incremento de bosques, con un ritmo de crecimiento anual del 2,2% -un porcentaje muy superior a la media de la UE (0,51%)-, además de reseñar que hemos alcanzado el primer puesto en producción de ganado porcino en Europa, generando más de 50 millones de toneladas anuales de purines. Descarga la nueva edición de elEconomista Energía.
A nivel nacional, la presencia de la biomasa en el 'mix' eléctrico nacional sigue siendo muy modesta –tan solo del 2,1%-, a diferencia de los combustibles fósiles que representan el 28 por ciento del total, un dato que contrasta con el momento actual marcado por las nuevas directrices para acelerar la transición energética y fomentar la economía circular y la bioeconomía.
Estos y otros apuntes están incluidos en el nuevo estudio presentado por Unión por la Biomasa, con datos actualizados sobre este sector en España. El nuevo Balance Socioeconómico para el periodo 2017-2021, elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), indica que la biomasa generó un balance positivo para el país de 1.323 millones de euros el pasado año, lo que significa, tal y como señaló Jordi Aguiló, presidente de Appa Biomasa, que "apostar por esta tecnología no le cuesta dinero al país; más bien al contrario, ya que un incremento de 173 millones en el marco retributivo durante el citado periodo, supondría que la biomasa aumentaría los beneficios para España en 824 millones adicionales en 2021 (un 62% más), hasta alcanzar los 2.150 millones de euros".
Todo ello sin olvidar el amplio abanico de oportunidades profesionales que ofrece esta tecnología y que podría aumentar en cerca de 12.600 los nuevos empleos en apenas tres años, especialmente en zonas rurales con riesgo de despoblamiento, "que suelen ser las que más cantidad de recursos biomásicos tienen", según señaló Pedro Barato, presidente de Asaja. Es el caso de Galicia, Asturias y Castilla y León, con elevadas concentraciones de biomasas forestales y agroganaderas; ó Andalucía y Extremadura, donde los recursos biomásicos agrícolas y ganaderos presentan una elevada densidad.
Los beneficios de la bioenergía, comentó Pablo Hernández, consultor del Área del Economía Aplicada y Territorial de Afi durante la presentación del estudio, "también contribuyen a reducir la dependencia exterior de suministro energético, mitigar las emisiones contaminantes -la biomasa contribuye a evitar un coste equivalente a 334 millones de euros en términos de CO2-, mejorar el estado de los bosques y disminuir el riesgo de incendios forestales; de hecho, el uso de biomasa forestal permite un ahorro equivalente a 150 millones de euros del presupuesto destinado a prevención y extinción de incendios".
El Balance Socioeconómico elaborado por Afi también indica que nuestro país se encuentra muy por debajo de la media europea en valorización energética de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Municipales (FORM). De hecho, cerca del 60 por ciento del total de los residuos se destina a vertedero -con Madrid y Andalucía a la cabeza- y menos de un 15 por ciento se valoriza energéticamente, mientras que la media de la UE-28 se acerca al 25 por ciento.
Regulación cambiante y fiscalidad insuficiente
Las razones que explican el insuficiente desarrollo de la biomasa para la generación eléctrica en España, según el estudio, tienen que ver, en esencia, con el marco regulatorio y retributivo. La incertidumbre acumulada por la sucesión de normativas –hasta once diferentes en estos últimos años- que han modificado el marco legal sobre el que se desarrolla la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, ha generado una profunda inestabilidad, "condicionando la expansión de estas tecnologías y su pulso innovador", afirmó Aguiló.
Por otro lado, la nueva forma de adjudicar potencia renovable mediante subastas 'neutrales' en tecnología, ha supuesto un importante punto de inflexión para su desarrollo, ya que al no considerarse parámetros específicos de estas tecnologías en las subastas, "las instalaciones de biomasa no pueden competir en igualdad de condiciones respecto al resto de tecnologías renovables para las que sí que se contemplan instalaciones tipo propias", explicó Aguiló.
El estudio indica que en un escenario de rediseño del modelo de subastas del sector eléctrico y de provisión de incentivos a la inversión en plantas de biomasa, biogás y FORM, la potencia instalada podría crecer en 550 megavatios, lo que supondría un crecimiento anual cercano al 13 por ciento hasta alcanzar 1.587 megavatios en 2021, la potencia instalada prevista en el Plan de Acción de Energías Renovables (Paner) a 2020.
Por lo que respecta a la biomasa térmica, el estudio indica que la ausencia de incentivos fiscales estables y suficientes para la transición del 'mix' de generación térmica mantiene la prevalencia de los combustibles fósiles en detrimento de la biomasa, ya que la fiscalidad especial de los hidrocarburos es sensiblemente menor que en otros países europeos, lo que dificulta que los hogares y las empresas internalicen el verdadero coste externo que generan. Todo esto, unido a la falta de transposición real de las directivas europeas de eficiencia energética en los edificios a la normativa española, dificultan que España alcance los umbrales de utilización de biomasa térmica que se observan en otros países europeos.
Para este nicho de mercado, la modificación de los incentivos fiscales permitiría, según el posible escenario del estudio de Unión por la Biomasa, incrementar la contribución de la generación térmica en 800 ktep hasta alcanzar 4.821 ktep en 2021, lo que supone un 85 por ciento del objetivo previsto en el Paner a 2020.
En conjunto, el crecimiento en el uso de la biomasa para fines energéticos -generación eléctrica y térmica- supondría un incremento en el Valor Añadido Bruto (VAB) de 1.623 millones de euros, alcanzando los 4.355 millones de euros en 2021 (un 0,4% del PIB de 2018), un aumento del empleo total hasta los 45.541 puestos de trabajo, un incremento de 677 millones de euros de recaudación fiscal hasta los 1.777 millones de euros, un ahorro de 36 millones de euros adicionales en prestaciones por desempleo evitadas, un ahorro adicional en emisiones de dióxido de carbono por valor de 205 millones de euros con respecto a la situación actual y un aumento del ahorro en prevención y extinción de incendios de 80 millones de euros.
Medidas para el despegue
La apuesta por la biomasa en España, señaló Aguiló,""no puede demorarse más". En este sentido, apostó por la necesidad de implementar políticas que permitan el despegue y puesta en marcha de este sector, "cuyo desarrollo supondría, tal y como acabamos de ver, un gran avance en materia medioambiental y socioeconómica para el medio rural español, que redundaría en beneficio de todo el país".
Entre otras medidas, el sector sigue abogando por la creación de una Comisión Interministerial permanente donde los gobiernos autonómicos trabajen de forma coordinada con los distintos agentes, el establecimiento de un marco normativo específico que reconozca las aportaciones de la biomasa, el cumplimiento de los objetivos a 2020 con subastas -u otro método- que garanticen dicho cumplimiento.
Otra de las peticiones del sector se centra, nuevamente, en la ampliación del número de horas máximo de producción para las instalaciones en funcionamiento -de las 6.500 actuales a las 8.000-. Asimismo, consideran imprescindible identificar la biomasa para generación eléctrica como complemento al resto de tecnologías renovables y situarla elemento clave para la transición energética al contar con un balance neutro de CO2 y ahorro sustancial de las emisiones difusas.
