Madrid, 21 feb (EFE).- El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha dicho hoy que la ley en España "deja muy claro que los residuos nucleares son responsabilidad del Estado", en contra del anuncio del Gobierno de hacer recaer el coste del desmantelamiento de las centrales nucleares en las empresas propietarias.
Galán, durante una conferencia con analistas en Londres, donde ha presentado los resultados y las perspectivas de la compañía para el periodo 2018-2002, ha indicado que las compañías eléctricas han pagado en los últimos 30 años "muchísimo dinero" a una empresa nacional (Enresa), que se creó para llevar a cabo esa actividad.
Ha añadido que ese traspaso de la responsabilidad del desmantelamiento de las centrales nucleares es como si alguien mañana tuviera la "gran idea" de que para solucionar un déficit en el sistema nacional de pensiones, después de recoger el dinero durante cuarenta años, la responsabilidad recayera en los ciudadanos.
En enero pasado, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció que plantearía en el Parlamento un cambio normativo para traspasar el desmantelamiento de las centrales que se cierren de Enresa a la compañías propietarias, ya que la rentabilidad del fondo de la empresa pública, que se nutre con las aportaciones de esas empresas, se había visto perjudicada por los bajos tipos de interés.
De esa manera, el cierre de cualquier central nuclear, como ocurre ahora con la de Santa María de Garoña (Burgos), de la que son propietarios Iberdrola y Endesa, supondrá, según el ministro, una aportación adicional del sector público.
"Hoy en día la ley lo deja muy claro, y dice que tenemos que pagar y estamos pagando muchísimo dinero" en aportaciones al fondo de Enresa para desmantelar nucleares, ha dicho Galán, que ha señalado que la situación es "como cuando se lleva el dinero al banco, si éste no lo gestiona bien, tendrá que responder ante el cliente".
Ignacio Galán ha dicho que está seguro de que la ley en este casi "se va a respetar", aunque "a veces el que incumple la ley, sea el propio juez que dicta sentencias".
En cuanto al futuro de las nucleares en España, ha indicado que, si se extrapolan las cifras que ya se manejaron para decidir sobre la continuidad de Garoña o su cierre al resto de la flota, la inversión para dar continuidad a la actividad y poder conseguir un nuevo permiso, está entre 6.000 y 7.000 millones de euros.
Ha añadido que para poder afrontarlo el retorno debería estar de acuerdo con la inversión que tendríamos que hacer y si no es así, no tiene sentido solicitar una licencia para "seguir perdiendo dinero", como ha dicho ocurre hoy en día.
Galán ha afirmado que el planteamiento de Iberdrola es "muy claro", si el sistema requiere de nucleares y así lo piensa la comisión de expertos que se ha creado para analizar las necesidades energéticas del país de cara al futuro, "lo que habría que hacer es analizar, en un diálogo continuo con el regulador, cómo se van a poder pagar" las plantas que sean necesarias y que los propietarios puedan conseguir el retorno de la inversión.
El presidente de Iberdrola ha recordado que en estos momentos también pagan 1.500 millones de euros por la diferencia entre el coste de la tecnología para suministrar electricidad en Canarias y Baleares, donde es más costoso, y los precios que el ciudadano de allí paga en línea con los de la península.
En opinión de Galán, si ésto es necesario, habría que ver de qué manera "se puede pagar la actividad para que la inversión sea atractiva".
