Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León defenderán este viernes la necesidad de unas mayores inversiones para promover la transición energética en las cuencas mineras y poder mantener los puestos de empleo en dichas comarcas.
Para lograrlo, España se incorpora a la plataforma europea Coal Regions in Transition Platform que, impulsada por la Comisión Europea, facilitará la adopción y aplicación de medidas tendentes a diseñar la transición de estas cuatro regiones mineras hacia energías más sostenibles.
La plataforma nació en diciembre del año pasado con el apoyo tanto del comisario español, Miguel Arias Cañete, como del vicepresidente de la Comisión y máximo responsable de Energía, Maros Sefcovic. El Ejeucutivo comunitario aprovechó la iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, de lanzar la cumbre One Planet para ofrecer a las cuencas mineras que, poco a poco, se fueran sumando a esta iniciativa.
En el acto previsto para este viernes se darán cita los consejeros de industria de las comunidades autónomas implicadas acompañados por la Administración Central, ayuntamientos, sindicatos y empresas, junto con los miembros de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea que presentarán esta plataforma.
La intención de Carbunion, tal y como informaron desde esta patronal, es apoyarse en las 41 cuencas mineras existentes en 11 países europeos para defender de forma conjunta los más de 150.000 empleos directos de la minería sobre la que se tiene que tomar una decisión durante este año que supondrá facilitar la existencia o el cierre de las minas. De hecho, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, se comprometió a finales de enero con los sindicatos a crear un grupo de trabajo de carácter técnico que celebrará su primera reunión este próximo 28 de febrero para analizar toda esta situación.
Los dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, recordaron entonces que "tenemos 11 meses por delante para buscar una salida en la que participemos todos".
La Comisión Europea, no obstante, ha dado una clara señal de cierre en las normativas que ha planteado. En el llamado paquete de Energía limpia para todos permite la existencia de mecanismos de capacidad, tanto para la generación nueva o existente. Sin embargo, queda excluida de este mecanismo la generación que emita una cantidad superior a 550 g CO2/KWh, lo que restringe directamente la producción de las centrales de fuel y carbón y una gran parte de países europeos han comenzado a poner fecha para el cierre del carbón.
Pese a estas medidas, el informe Una transición inteligente hacia un modelo energético sostenible para España en 2050: la eficiencia energética y la electrificación, elaborado por Deloitte, advierte de que España debería afrontar un sobrecoste de 3.800 millones de euros en nuevas centrales térmicas si se cerraran de forma anticipada las centrales de carbón, lo que elevaría los costes y no reduciría las emisiones.
Según este documento, en escenarios de alta electrificación, el cierre de todas las plantas de carbón nacional en 2020 obligaría a construir nuevas centrales térmicas en 2025, lo que supondría un coste de 800 millones de euros, mientras que el cierre de las centrales de carbón importado en 2030 conllevaría un coste de 3.000 millones en nuevas centrales de respaldo. Deloitte calcula que si en 2030 no hubiera plantas de respaldo térmico convencional, se necesitaría invertir en almacenamiento hasta 30.000 millones de euros, una cifra "obscena" que representa un "coste inasumible" para el consumidor.
El jueves, por contra, el eurodiputado socialista y ponente de la nueva Directiva de Renovables, José Blanco, manifestó en el Fórum Europa que el Gobierno "está torpedeando decisiones empresariales sobre el cierre de centrales de carbón" en una clara alusión a la oposición del ministro de Energía, Álvaro Nadal, al cierre de este tipo de plantas así como de las nucleares.
UGT, por su parte, está impulsando un estudio que incluye la elaboración de un mapa de patrimonio industrial minero de Castilla y León para dar una "segunda oportunidad" a las zonas dedicadas a la minería a través del turismo, tal y como explicó su secretario de Política Industrial, Raúl Santa Eufemia.
Nuevo sistema de nombramientos para el CSN
Unidos Podemos ha registrado una proposición de ley en el Congreso en la que pide una "profunda reforma" en el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, más concretamente, en el sistema de nombramientos, con el objetivo de garantizar la independencia de este órgano. El texto exige que los miembros del CSN serán nombrados por el Congreso de los Diputados, en donde deberán contar con el apoyo de, al menos, tres quintos de la comisión competente, lo que supondría una mayoría reforzada.
