El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), sacará a subasta todas las centrales hidroeléctricas cuando venzan las concesiones de los actuales titulares, evitando con ello que las confederaciones hidrográficas las gestionen directamente. Incluso los saltos que están en manos de las autoridades de Cuenca desde hace años, como el de El Pueyo -el primero en revertir al Estado- volverán a manos privadas tras el pertinente concurso.
Corría julio de 2013 cuando la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) empezaba a gestionar la central hidroeléctrica de El Pueyo de Jaca (Huesca), la primera que revertía al Estado al vencer la concesión que otorgó su explotación a Endesa en su día.
El planteamiento de la CHE, en aquel momento dirigida por Xavier de Pedro, miembro destacado del Partido Aragonés (PAR), era gestionar la central directamente desde el Organismo, en vez de licitarlo públicamente para que pasase otra vez a manos privadas. Detrás de El Pueyo, se anunció, había otras 11 centrales en la Demarcación cuyas concesiones vencían en pocos años y todas ellas pasarían a estar gestionadas por el Estado.
A beneficiar al territorio
A tal efecto, en el Plan Hidrológico de la Demarcación se incluyó que el rendimiento de los saltos revertidos a la Administración debía destinarse al desarrollo general de la Cuenca, a la restitución territorial, la restauración ambiental, la eficiencia y modernización de regadíos y a cubrir las necesidades energéticas de la gestión pública del agua de la Confederación y las comunidades de usuarios.
En el sector eléctrico saltaron todas las alarmas. En España hay más de 20.000 MW hidráulicos, la inmensa mayoría en manos privadas, y todo el mundo esperaba que cuando vencieran los títulos concesionales, volverían a licitarse. Pero el revolucionario planteamiento de la CHE daba un vuelco a las expectativas empresariales y abría un escenario muy incierto.
La legislación de aguas contempla la posibilidad de que los saltos sean gestionados por el Estado, y en ello se amparó la CHE para hacer política territorial con la generación hidroeléctrica: pronto anunció que parte de la energía generada con los 15 MW de El Pueyo se destinaría, a precio de coste, a los ayuntamientos de Panticosa y Hoz de Jaca, en cuyos términos se ubican el salto y las infraestructuras asociadas.
El Mapama interviene
Xavier de Pedro dejó la CHE en 2015 para ser candidato a la Alcaldía de Zaragoza y la Autoridad de Cuenca pasó a estar presidida por Raimundo Lafuente, persona con un perfil técnico y no político, y las cosas se mantuvieron sin cambios hasta el pasado verano, en que vencieron otras dos pequeñas concesiones, las de la de Barrosa (3,6 MW) y la de Auxiliar de Campo (1,6 MW), ambas en manos de Acciona. En sus respectivas resoluciones de extinción, el Mapama obliga a la CHE a organizar sendos concursos y sólo le permite gestionarlas mientras organiza las licitaciones y falla su adjudicación a una empresa privada.
Y lo mismo ha sucedido con el aprovechamiento hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta, ya más relevante, puesto que tiene 40 MW de potencia. Endesa recibió la resolución de extinción en diciembre, e indica que el Organismo tiene seis meses para promover un concurso público que devuelva el salto a manos privadas; el Estado sólo podrá gestionarlo durante un plazo máximo de dos años, en virtud de una autorización especial otorgada por el Ministerio para resolver el concurso de adjudicación.
Preguntado el Mapama por la política que seguirá al respecto, indica a elEconomista que de forma general procederá a convocar concursos para la explotación de los aprovechamientos cuyas concesiones caduquen, aunque excepcionalmente se podrá reservar alguno para su explotación directa.
La CHE ya no prevé gestionar directamente ninguna central hidroeléctrica e incluso sacará a concurso el salto de El Pueyo, que, por cierto, ha sido objeto de litigios entre el Organismo y los citados ayuntamientos; hay uno en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y otro en la Audiencia Nacional.
230 centrales caducan en 20 años
El Mapama estima que en las próximas dos décadas se extinguirán las concesiones de unas 230 centrales y está trabajando con las confederaciones hidrográficas para disponer de una relación detallada. Las concesiones se han otorgado por períodos muy largos -incluso a perpetuidad en los títulos previos a un decreto de 1921-, por lo que apenas se han producido extinciones. Las concesiones de las grandes centrales tienen una duración máxima de 75 años, prorrogables otros 10 por causas excepcionales.
