Los grupos políticos del Parlamento Europeo están enfrentados sobre la reforma de la Directiva de Eficiencia Energética, una pieza clave para alcanzar los objetivos energéticos y ambientales de la UE, y pueden darle la puntilla en una votación que tiene lugar mañana. Los gobiernos ya se pronunciaron a favor de reducir sensiblemente su ambición el pasado mes de julio.
La Comisión Europea presentó hace un año, dentro del paquete legislativo bautizado como Energía limpia para todos los europeos, una propuesta para reformar la citada Directiva que incluía un objetivo de ahorro del 30% del consumo energético en 2030 sobre los niveles de 1990 con carácter vinculante. Además, extendía hasta más allá de 2030 la existente obligación de las empresas energéticas de ahorrar un 1,5% de la energía suministrada anualmente o de hacer una aportación económica equivalente para destinarla a actuaciones de ahorro y eficiencia.
Más de 400.000 empleos
Según los cálculos del Ejecutivo comuntario, sólo pasar de un objetivo de ahorro del 27 al 30%, aportaría un beneficio superior a los 70.000 millones de euros, crearían más de 400.000 puestos de trabajo y reduciría las importaciones de combustible un 12%.
Con ese planteamiento base se iniciaron las negociaciones entre la Comisión, los gobiernos de los países miembros y el Parlamento Europeo, de las que saldrá una legislación definitiva el año que viene.
Los gobiernos votaron en julio una sustancial rebaja de los planteamientos de Bruselas: asumieron el objetivo del 30% de ahorro, pero con carácter indicativo en vez de vinculante -de modo que se convierte en poco más que una declaración de intenciones-, y redujeron al 1% anual a partir de 2026 la obligación que afecta a las empresas suministradoras de energía, entre otras excepciones. El Comisario del ramo, Miguel Arias Cañete, manifestó su decepción sobre la "falta de ambición" de los estados.
Posteriormente, en julio, el Parlamento Europeo, llevó la contraria a los gobiernos y planteó elevar la apuesta de la Comisión, estableciendo un objetivo vinculante de ahorro del 40% en 2030, así como introducir objetivos vinculantes para cada país.
Hasta aquí todo es normal, porque en el proceso de alumbramiento legislativo comunitario es habitual que Bruselas haga un planteamiento, los gobiernos lo rebajen y la Eurocámara lo refuerce. Sin embargo, las presiones alrededor de la próxima normativa de eficiencia son tan fuertes que no hay acuerdo entre los europarlamentarios y mañana tienen que votar, en el Comité de Industria, su posición definitiva para encarar la negociación final con los gobiernos y la Comisión.
El bloque conservador del Parlamento quiere introducir enmiendas para defender un objetivo de ahorro del 30% y no vinculante, y para que desaparezcan los objetivos nacionales, además de introducir numerosas exenciones, de modo que no habría mucha diferencia sobre lo defendido por los gobiernos.