Iberdrola, EDP, Viesgo y Sedigas, entre otras, han planteado al Ministerio de Energía la aprobación de un mecanismo de pagos por capacidad que permita mantener abiertas las centrales nucleares y de gas natural necesarias para garantizar el suministro. Todas ellas consideran que el Gobierno no puede intervenir en la decisión de aperturas o cierres de plantas por causas económicas y porque iría en contra del ordenamiento jurídico, pero si lo hiciera, debería considerarse una obligación de servicio público y retribuirse.
A partir de esta posición general, las compañías mantienen algunos matices particulares. Por ejemplo, Iberdrola reclama que las más contaminantes (principalmente el carbón) no puedan formar parte de estos pagos por capacidad, mientras EDP pide neutralidad tecnológica. Iberdrola ha abogado por establecer un mecanismo de subastas similar al existente en Reino Unido, al igual que Sedigas, por el que se se establece la potencia de respaldo necesaria y las empresas asumen el compromiso de estar disponibles a cambio de esta retribución. De este modo se reduciría también la volatilidad de los precios que perjudica al consumidor.
Sobre el cierre, las compañías indican que el citado Paquete de Invierno de la Comisión Europea plantea que se deberá garantizar que "no existan barreras injustificadas para la entrada y salida del mercado de las empresas de generación y suministro de electricidad" (artículo 3.2 de la nueva Directiva de Electricidad). Añade que "las normas del mercado permitirán la entrada y salida de empresas de generación y suministro de electricidad en función de su evaluación de la viabilidad económica y financiera de sus operaciones" -ver artículo 3(m) del nuevo Reglamento de la Electricidad-.
La eléctrica, además, en línea con el sector, cree que impedir la libre salida y entrada en el mercado también iría en contra de la normativa española: tanto del principio de libertad de empresa recogido en el artículo 38 de la Constitución como en los artículos 2 y 8 de la Ley del Sector Eléctrico.
No obstante, desde otra empresa del sector que también ha alegado se considera que una restricción de este tipo a la libertad de cierre debería configurarse "desde la perspectiva de su excepcionalidad y con respeto al principio de proporcionalidad".
EDP, por su parte, ha pedido el desarrollo de este mercado de capacidad descentralizado que facilitaría la implementación del mismo, permitiría crear fácilmente un mercado transfronterizo de capacidad firme y daría una señal clara a la demanda para participar en la optimización de sus necesidades de capacidad.
Sedigas, pide un mecanismo de pagos, aprobado y aceptado por Bruselas, que retribuya la capacidad firme y flexible de los ciclos combinados. Así como un procedimiento para tramitar solicitudes de cierre temporal (hibernación) y definitivo de centrales de generación, tal y como está previsto en los artículos 21 y 53 de la vigente Ley 24/ 2013 del Sector eléctrico.
Retribución a la nuclear
Iberdrola plantea además fijar una retribución regulada y estable para las centrales nucleares. Un extremo que en estos momentos no se da por la elevada fiscalidad que tienen este tipo de plantas y los bajos precios del mercado.
La eléctrica propone reducir los impuestos que gravan su actividad y aplicar un mecanismo similar a los costes de los sistemas eléctricos insulares. Por un lado, el coste de inversión que incluiría la amortización de los activos como la retribución financiera adecuada y por otro el coste de operación en el que se cargaría el coste del combustible, la operación y mantenimiento así como las recargas. Del mismo modo, se reconocerían los impuestos de la generación nuclear, la tasa sobre el combustible nuclear gastado y residuos, la tasa Enresa, los costes de seguridad y otros que recoge el marco normativo.
Las nucleares seguirían participando en el mercado recibiendo los ingresos del mismo y esta retribución adicional, que sería sensiblemente menor a la que reciben en estos momentos los sistemas insulares ( 1.800 millones) y permitiría un plan de extensión de la vida útil hasta su cierre ordenado por la propia planificación energética.
El Ministerio de Energía recibe así las respuestas a la consulta pública que lanzó a principios de agosto sobre el proyecto de Real Decreto que pretende regular el cierre de instalaciones de generación eléctrica.
