El Gobierno quiere que lo asuman las empresas y la OCU recuerda que la norma no prevé que pague el consumidor
Holaluz ha abierto la veda al aplicar un recargo en los recibos de sus clientes para pagar el bono social que el Gobierno quiere que costeen las compañías. Concretamente, la empresa cobró en julio a todos los clientes que ya estaban desde enero un total de 3,5 euros y les facturará 0,5 euros más cada mes hasta finales de año.
Según explicó la empresa, este cobro es la forma más trasparente de actuar, porque si luego falta o sobra dinero, bien se facturará el resto o se devolverá. Además, aseguran, el cobro tiene el respaldo de las opiniones de la CNMC.
Holaluz señala que otras comerlizadoras como Som Energia y Goiener también están trasladando el coste del bono social a sus clientes.
Las grandes eléctricas no han posdido trasladar este coste puesto que están a la espera del reglamento que lo regule, pero entretanto Iberdrola ha presentado un recurso por la lentitud del Gobierno en regularlo.
La decisión de Holaluz ha sido criticada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que aseguró el pasado mes de julio haber recibido numerosas consultas y reclamaciones por este motivo al haber decidido aplicar el cobro sin el preceptivo plazo de 15 días.
La compañía justificó esta situación por el retraso de la CNMC de dos meses en facilitar las cantidades a pagar. La empresa indicó haber esperado a conocer las cantidades de los primeros seis meses para hacer un cobro más ajustado.
Con este cambio de tarifa, Holaluz pretende cubrir el incremento en sus costes que supone la nueva regulación del bono eléctrico que se inició en enero de 2017, y que obliga a todas las comercializadoras a asumir dicho coste.
La OCU considera razonable que las compañías eléctricas valoren ese nuevo coste en sus balances y modifiquen sus tarifas, pero recuerda que cualquier cambio que se produzca en este sentido debe realizarse cumpliendo las condiciones de contrato. Holaluz aseguró que al no tener permanencia, se decidió facturar de este modo.
Asimismo, la OCU aclara que la nueva normativa del bono social no contempla que éste sea un coste que deban asumir los consumidores, ni establece ningún tipo de importe, como los 6 euros al año que unilateralmente ha decidido cobrar Holaluz.