La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción presentada en la Audiencia Nacional detalla con precisión como Iberdrola utilizó las centrales hidráulicas de Duero, Tajo y Sil para inflar los precios en el anterior sistema de subastas que servía para fijar los precios de la electricidad. l Consulte la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción
El fiscal Antonio Romeral indica que "Iberdrola con la finalidad de lucrarse ilícitamente ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía" por encima de los niveles del mercado.
La compañía ofertaba al mercado la energía producida por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo por encima del precio al que se cruzaba la demanda gracias a la reducción de producción eléctrica.
La eléctrica intentaba vender el MWh entre los 80 y 90 euros, mientras las operaciones de compra y venta de energía se cruzaban entre los 45 y los 55 euros, para la electricidad procedente de centrales hidráulicas.
Este sistema lo utilizó Iberdrola en dos periodos durante noviembre y diciembre de 2013. Justo la última vez que se utilizó el sistema de subasta Cesur para fijar los precios mayoristas. En esa ocasión, los precios se dispararon un 26%, que suponía un incremento medio en el recibo de la luz del 11% al comienzo de 2014. El Gobierno se vio obligado a suspender el sistema para evitar la subida del recibo de la luz.
20 millones de fraude
A partir del 24 de diciembre, las condiciones climáticas provocó una importante reducción del precio de la electricidad por la producción de renovables, pero los precios no se trasladó al sistema de subasta por el "artificio urdido por Iberdrola", subraya el fiscal.
Con el anterior sistema (parecido al actual, solo varía que ahora los precios se fijan cada hora y no cada trimestre), la central que oferta el precio más caro capaz de casarse eleva el coste del resto de operaciones. Por eso si se corta la producción de una central, el precio se encarece.
Según el Fiscal, Iberdrola encareció el precio en siete euros el MWH con lo que se benefició en 20 millones de euros. Con los antecedentes de esta denuncia, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó ayer el registro de las sedes de Iberdrola en Madrid y Bilbao por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (OCU).
