Los consumidores de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja van a ver incrementadas sus facturas eléctricas, quizá a partir del próximo recibo, porque el Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a una refacturación de la luz sobre lo que abonaron en 2013. Los más afectados serán los castellanomanchegos: este año pagarán 5 euros más.
Las comunidades autónomas tienen potestad para crear tributos; todas la aplican en relación a numerosas materias y algunas lo han hecho en materias relacionadas con la energía eléctrica, por ejemplo, gravando el agua embalsada (Galicia) o el impacto visual de los aerogeneradores (Castilla-La Mancha).
La normativa exige que, en estos casos, el recibo de la luz incluya un suplemento territorial, de modo que sean los habitantes de la región que impone los impuestos los que corran con el sobrecoste provocado por la Administración local.
Este mandato, no obstante, ha pasado por varios cambios legislativos y recursos judiciales -tras una reclamación de Iberdrola- que dejó en el limbo el incremento de la facturación que tenía que haberse producido en el año 2013.
Y ahora, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, bajo la amenaza del Tribunal Supremo de aplicar multas coercitivas si no procedía a refacturar las cantidades pendientes inmediatamente, se ha decidido a hacerlo en aquellos territorios que le han remitido la información tributaria necesaria. 
En relación a las comunidades autónomas a las que ha pedido información, pero aún no la han enviado, el Ministerio advierte que según vaya recibiéndola, podrá realizar nuevas refacturaciones que les afectarán. Igualmente, indica que podrá modificar la que acaba de aprobar si recibe nuevos datos que así lo aconsejen.
Compensación a las empresas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, encargada de las liquidaciones del sistema eléctrico, se encargará de reintegrar a las empresas las cantidades que tuvieron que tributar en su día -en su condición de sujetos pasivos- si desempeñaban una actividad regulada, esto es, transporte, distribución o producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración o residuos con carácter primado.
Las empresas renovables siempre han criticado estos gravámenes, porque bajo la etiqueta de ser ambientales perjudicaban su actividad, en buena medida justificada y primada precisamente por la defensa del medio ambiente.
Esta refacturación se suma a otras ordenadas por el Tribunal Supremo. La más reciente, con un importe total de 150 millones, se produjo hace unas semanas, cuando a finales del año pasado se revisó al alza el margen de comercialización de las grandes eléctricas al suministrar la energía a la tarifa regulada, el PVPC, desde el año 2014. Afectó a unos 15 millones de pequeños consumidores, obligándoles a pagar una media de 1,76 euros.
El nuevo margen de comercialización -que Viesgo y EDP ya han recurrido- conlleva un pequeño incremento del 0,04% del PVPC.
