Las eléctricas han decidido abandonar sus planes de construcción de nuevas centrales de gas natural en España. Las principales compañías, Endesa, Iberdrola y Gas Natural, renunciaron en la primera mitad de este año a los permisos que habían estado tramitando desde principios de los años 2000 para invertir cerca de 8.000 millones en este tipo de instalaciones.
Según los datos a los que tuvo acceso elEconomista, las compañías han decidido no prestar los avales necesarios para retener las autorizaciones de concesión para la instalación de hasta 5.035 MW de potencia en centrales de ciclo combinado.
La decisión, según explican desde estas empresas, es lógica ya que los actuales ciclos apenas resultan rentables con sus horas de funcionamiento por el fuerte crecimiento que experimentaron las energías renovables durante los últimos años y por la prioridad de acceso de la que todavía disfrutan.
La decisión de dejar morir todos estos proyectos se conoce además después de que el actual ministro de Energía, Álvaro Nadal, haya decidido convocar una nueva subasta de 3.000 MW de capacidad para nuevas renovables.
En el sector, no obstante, se sigue recordando la necesidad de mantener tecnologías de respaldo para las intermitencias de las energías verdes y ponen como ejemplo los problemas que se están viviendo en Francia en estos momentos por el parón nuclear y que han provocado fuertes aumentos de precio en los mercados de alrededor, como el español (ver página 6).
Cierre del carbón nacional
Fuentes consultadas por este diario además recuerdan que, poco a poco, se van a ir cerrando de manera progresiva las centrales de carbón nacional y añaden que si se mantiene la presión sobre las nucleares para que no se prorrogue la vida de las mismas hasta los 60 años, España podría llegar a tener a medio plazo un problema de garantía de suministro.
El Gobierno exigía para mantener la autorización de estas instalaciones un resguardo acreditativo de haber depositado una garantía económica por una cuantía equivalente a 10 euros/kW instalados.
La presentación de este resguardo es uno de los requisitos imprescindibles para la iniciación de los procedimientos de conexión y acceso a la red de transporte por parte del gestor de Red Eléctrica, para lo que el órgano competente para otorgar la autorización de la instalación lo considere cumplido. Esta garantía económica se cancela cuando el peticionario obtiene la autorización de explotación definitiva de la instalación.
Las eléctricas decidieron no aportar estos avales y la administración ha pasado a dar por muertos los permisos que tenían concedidos ya que el desistimiento en la construcción de la instalación, la caducidad de los procedimientos de autorización administrativa de la instalación o el incumplimiento de los plazos previstos en las autorizaciones preceptivas suponía la ejecución de la garantía de estos suculentos avales.
España tiene en estos momentos 24.945 MW de potencia instalada en ciclos combinados de los 99.888,7 MW que mantiene en total, una cantidad que ha ido reduciéndose en los últimos años en los que se superó ampliamente los 100.000 MW de potencia instalada total.
A 31 de diciembre de 2010 en España se encontraban en servicio un total de 67 grupos de ciclo combinado de 400 MW de potencia, lo que totalizaba 27.203 MW, lo que generó una inversión aproximada de 17.000 millones de euros. Parte de aquellas instalaciones están ya cerradas.
El sector, de hecho, lleva varios años reclamando la creación de un mercado de capacidad para poder permitir el funcionamiento de estas centrales, así como un plan de hibernación.
La propuesta de cierre temporal de varias centrales ya estuvo sobre la mesa durante la legislatura pasada pero el Gobierno optó por forzar a las eléctricas a cerrar algunas de las instalaciones.
Según los cálculos que en su día realizó Red Eléctrica, en España podían hibernar cerca de 6.000 MW. La intención en un primer momento fue crear un mecanismo competitivo similar al alemán para parar estas centrales pero tras las discusiones con el sector no se llegó a alcanzar un acuerdo y el borrador de real decreto presentado fue el único de la reforma energética preparada por el anterior secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que no llegó a buen puerto.
