En los últimos doce meses, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones a varias empresas comercializadoras que operan en el mercado eléctrico por un valor cercano a los 3,5 millones de euros, que han dejado una deuda en el sistema eléctrico que ronda los 70 millones de euros.
Los motivos de estas sanciones han sido dos: incumplimiento de la obligación de adquirir la energía necesaria para sus suministros a los clientes e incumplimiento de la obligación de prestar las garantías exigidas por el operador del sistema (Red Eléctrica). Además, las empresas quedan inhabilitadas para el desarrollo de la actividad de comercialización de energía eléctrica durante el período de un año.
Casi dos tercios de los 3,5 millones de euros de multa han sido para Comercial Eólica Suministro de Energía y Electro Soporte Comercial y Gestión, los dos últimos casos que han saltado a la palestra, a las que la CNMC ha sancionado con 680.000 euros y 1,3 millones de euros, respectivamente, por incumplir el primero de los dos casos mencionados, es decir, no hacer las ofertas de compra necesarias de energía en mercado para realizar sus actividades de suministro eléctrico a los consumidores.
Según la CNMC, ambas compañías adquirieron en el mercado, entre junio de 2014 y marzo de 2015, tan solo el 10 por ciento de la energía vendida a sus clientes, siendo responsables de cometer una infracción grave que, además de las sanciones impuestas, les supondrá hacer frente a unos 19 millones de euros -13,2 millones en el caso de Electro Soporte y 5,5 millones de euros en el caso de Comercial Eólica-, conforme al valor que tienen sus impagos a 30 de noviembre de 2015. Es decir, que la deuda que ambas compañías han dejado en el sistema eléctrico asciende a esta cantidad.
Otros casos de empresas fraudulentas por falta de compras en el mercado en el último año (ver cuadro adjunto) y que también han sido sancionadas con cerca de 1,5 millones de euros en su conjunto son: Vertsel Energía, Eléctrica del Montsec, Euroenergía del Levante, Europa Global Energy y Comercializadora Energética Mediterránea.
Según consta en los expedientes abiertos a estas compañías -excepto en los casos de Vertsel Energía y Eléctrica del Montsec, de los que se desconoce a cuánto asciende la cantidad impagada-, la deuda que dejan pendiente supera los 17 millones de euros.
Concretamente, en el caso de Comercializadora Energética Mediterránea, el importe de los impagos no cubiertos con garantías asciende a 8,2 millones de euros, la segunda mayor deuda ocasionada al sistema eléctrico por un comercializador por los servicios de ajuste del sistema de entre aquellos que mantienen situaciones de impago. Por su parte, Euroenergía del Levante ha dejado una deuda pendiente de 6,7 millones con el sistema y Europa Global Energy de 2,1 millones de euros.
En lo que va de abril, Industria también ha inhabilitado a las comercializadoras Luci Mundi, Nortedison Electric, Olten Llum, Comercial Eólica Suministro de Energía y Comercializadora Zero Electrum, que suman incumplimientos por un valor conjunto cercano a los 17 millones de euros.
Por otra parte, en el caso de las empresas sancionadas por no presentar las garantías que respaldan dichas compras, las multas impuestas por la CNMC superan ligeramente los 200.000 euros, una cantidad insignificante si la comparamos con la cifra anterior.
Origen del fraude
Algunas fuentes del sector consultadas por elEconomista Energía consideran que el origen de estas prácticas fraudulentas se producen porque la normativa que regula la participación en el sector eléctrico es muy antigua y no está preparada para la llegada de nuevos comercializadores, dejando algunas puertas abiertas a la realización de este tipo de prácticas irregulares que, a su juicio, no se pueden catalogar de alarmantes porque las cantidades defraudadas son relativamente pequeñas, pero que evidentemente hay que tener en cuenta y hacer el seguimiento correspondiente.
Las mismas fuentes apuntan que estas prácticas ilegales las están llevando a cabo empresas que tienen una intención clara de delinquir desde que se dan de alta como comercializadoras. Argumentan que tal y como está configurado el sistema eléctrico y en base a los procedimientos de operación según normativa, un comercializador puede comprar en el mercado mayorista la energía que va a suministrar a sus clientes presentando como garantía para respaldar las compras una cantidad de dinero muy pequeña.
La garantía de operación básica -que así se llama-, va en línea con la capacidad de compra de la comercializadora, una garantía que la compañía tiene que ir adaptando en función de su crecimiento. En los casos de fraude comentados, las empresas han realizado contratos de suministro y han pagado los peajes que les cobra el distribuidor, pero no han comprado la energía en el mercado -parte importante del coste del recibo de la luz-. Y ahí es donde está el delito. Además, como la comercializadora no está comprando la energía, tiene la posibilidad de hacer ofertas muy competitivas.
El problema es que, se compre o no se compre la energía en Omie, lo cierto es que el fraude tarda varios meses en descubrirse, concretamente siete, que es el tiempo que tarda Red Eléctrica en cotejar la energía comprada con la energía comercializada para calcular los desvíos y hacer la liquidación correspondiente. Hasta ese momento, las liquidaciones que hace el operador del sistema son prorrateos.
A partir de ese momento, Red Eléctrica abre el correspondiente expediente, pero mientras todo esto se tramita, el volumen de energía defraudado puede seguir aumentando. Además, se quejan desde el sector, que las multas que se están poniendo son ridículas y se está creando un caldo de cultivo para que haya más defraudadores en el sistema.
El consumidor, el más perjudicado
Una de las preguntas que se hacen algunos es qué sucede con los clientes de las comercializadoras expedientadas. Pues bien, cuando la CNMC abre un expediente, los clientes pueden elegir entre pasar al comercializador de último recurso de su zona o cambiarse a una comercializadora en el mercado libre. Elijan la opción que elijan, el cliente nunca se queda sin suministro.
El cambio de comercializador no es el único inconveniente para el consumidor, ya que el dinero defraudado, antes o después, lo acaban pagando porque acaba repercutido en el recibo. Lo primero que se hace para tapar el agujero es utilizar los avales de la comercializadora fraudulenta, pero como suelen ser insuficientes, al final se prorratea entre el resto de comercializadoras que hay en el mercado en función de su volumen.
Algunas voces del sector afirman que este problema sería menor si el operador del sistema pudiera disponer de los datos en el plazo de un mes y no en el mes séptimo como sucede actualmente. Asimismo, consideran que el Ministerio debería exigir mayores garantías a todas aquellas empresas que quieran darse de alta como comercializadoras y elevar el capital social exigido. Así se evitaría, como ya ha sucedido en alguna ocasión, que una misma comercializadora pueda cerrar y abrir con otro nombre para seguir defraudando al sistema, una situación sobre la que, según afirman algunas fuentes del sector, las autoridades son plenamente conscientes.
Otro de los fraudes que también ha suscitado la apertura de varios expedientes en el último año y la imposición de una serie de multas a algunas comercializadoras es el incumplimiento de las garantías necesarias para operar.
En este caso -explican desde el sector-, no se está cometiendo fraude porque las comercializadoras sí están haciendo frente a las facturas. Lo que sucede es que están comprando energía de menos y el desvío que tienen respecto a lo que compran cuando empiezan a comercializar puede ser muy alto. Esto suele pasar en el primer año de vida, pero no suele haber intención de delinquir. Son casos completamente distintos.
Es el caso de empresas como Zencer o Vertsel Energía, a las que la CNMC les ha impuesto multas de 25.000 y 140.000 euros, respectivamente. El pasado mes de enero, Zencer anunciaba su intención de recurrir ante la Audiencia Nacional la resolución de la Comisión y ha pedido que ?se revise y aplique una mayor flexibilidad en la regulación en cuanto a la formalización de garantías, así como un cambio sustancial en el modelo energético donde se legisle con criterios que atiendan los intereses generales?.
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