La Administración, tanto a nivel estatal como autonómico y local, ha licitado 3.002 millones de euros en proyectos de eficiencia energética -las adjudicaciones han ascendido a 2.807 millones- desde 2009, a pesar de que, según el criterio contable de la UE, muchas computan como déficit público.
Un reciente informe de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (Eneragen) ha rastreado las licitaciones en eficiencia energética de la Administración desde el año 2009. Ha encontrado referencias de 270 proyectos, pero los datos de sólo 221, por un importe de 2.510 millones; extrapolando esta cantidad al total de actuaciones, el volumen licitado ascendería a 3.002 millones.
Los ayuntamientos lanzan la mayoría de las licitaciones, el 73%, seguidos por las comunidades autónomas, con el 24%, y la Administración central, con sólo el 3%. Cataluña es la Comunidad Autónoma más activa, con el 31,9% de las actuaciones de sus pares, seguida por Madrid, con el 13,7%, y Andalucía, con el 11,9%; únicamente La Rioja no se ha lanzado al ruedo de la eficiencia energética.
Computa como déficit
Los datos resultan sorprendentes porque muchas de estas inversiones computan como déficit público, según los criterios contables establecidos por Bruselas. Por eso el Gobierno paralizó las actuaciones de la Administración central al poco de llegar al poder, en el año 2012, y por eso muchas entidades no pueden embarcarse en unas actuaciones extraordinariamente rentables: cada euro invertido en eficiencia energética se convierte en más de tres euros de ahorro en las facturas.
Ahora bien, no todos los proyectos de eficiencia se consideran déficit público, y no se puede establecer una clara línea divisoria entre las que se consideran déficit y las que no. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Industria quiso reformar su sede en Madrid -que comparte con Economía- pensaba que las actuaciones previstas no computarían, pero a la postre, tras un escrutinio de las condiciones contractuales, resultó que sí, y se frenó en seco la iniciativa.
El informe de Eneragen no aborda esta cuestión y desde la entidad aclaran que para saber qué proyectos han incurrido en déficit habría que preguntar a los secretarios o los servicios de intervención de los licitantes. De acuerdo con los criterios contables europeos, no se considera que generan déficit público aquellos proyectos en los que todo el riesgo corre por cuenta de la empresa de servicios energéticos adjudicataria.
No computa como déficit
Así, no computan las actuaciones en régimen de concesión y las que siguen los esquemas del arrendamiento operativo, esto es, cuando los nuevos equipos más eficientes son propiedad de la adjudicataria.
Y tampoco se consideran algunas actuaciones fruto de la colaboración público-privada, pero con restricciones draconianas. Una de ellas es que la inversión inicial sea mayor que la mitad del valor del activo sobre el que se actúa, que en el caso de un edificio es el propio edificio, lo que es una barrera mayor.
Por eso el grueso de las actuaciones acometidas por la Administración son de iluminación municipal, que no computa, con el 47,4%. Sin embargo, la siguiente tipología son precisamente los edificios públicos, con el 28,5%, seguida por la instalación de calderas de biomasa, con el 14,1%, y proyectos conjuntos de alumbrado y edificación, con el 10%. Muchos de estos proyectos, según confirman varias fuentes del sector, han incurrido en déficit para poder acometerse.
En la actualidad se intenta que la UE cambie sus criterios contables, desde el momento en que la eficiencia energética se considera prioritaria para la estrategia de los 28.
