Industria ha actualizado el inventario energético de los edificios de la Administración General del Estado (AGE), incluyendo aquellos con menos de 250 metros cuadrados. Reducir su consumo energético un 30% -debe rehabilitarse un 3% anualmente- aportaría a la economía más de 900 millones de euros anuales y generaría más de 3.700 empleos.
La Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética, establece que a partir de 2014 debe renovarse el 3% anual de la superficie total de los inmuebles ocupados por la Administración central, hasta que tengan un rendimiento energético determinado y mucho mejor que el actual, al objeto de dar ejemplo y dinamizar el mercado.
La Directiva también ordena que los gobiernos elaboren un inventario de los edificios públicos susceptibles de ser rehabilitados energéticamente, e Industria acaba de cumplir ese mandato con la publicación de la relación de inmuebles mayores de 250 metros cuadrados, cuyo consumo supera el millón de kWh; las dependencias del Ministerio del Interior son, de largo, las que más energía consumen -la mitad del total-, seguidas por las de Empleo y Seguridad Social, y Hacienda y Administraciones Públicas.
Así pues, el Gobierno ha cumplido con la publicación del inventario, pero no ha podido hacerlo con el mandato de rehabilitar el 3% de la superficie total. Y no ha sido por falta de voluntad -el país lleva más de una década con planes para reducir el consumo energético de la Administración-, sino porque ha topado con las estrictas reglas de cálculo del déficit público.
Corría el año 2011 cuando ACS y Gas Natural Fenosa ganaron la licitación de la rehabilitación de la sede de Industria y parte de Economía, en el madrileño Paseo de la Castellana. Al poco se lanzaron concursos para otros departamentos, como la Oficina Española de Patentes y Marcas, Trabajo, Hacienda o Defensa.
Computa como gasto público
Sin embargo, en 2012 subió al poder el PP y comenzó a aplicar los recortes al gasto público. De acuerdo con las normas de contabilidad europeas, las inversiones de la Administración en mejorar la eficiencia energética de sus edificios computan como deuda pública -curiosamente, no afecta a otros ámbitos, como el alumbrado municipal-, razón por la que el Gobierno decidió frenar en seco la evolución, paralizando incluso las licitaciones en curso, hasta que el cuadro macroeconómico fuera más favorable.
Desde entonces, sólo las administraciones autonómicas y locales han avanzado en la rehabilitación energética de sus inmuebles -alguna sin atender a los criterios contables- y lo han hecho a un ritmo muy variable.
Nueva interpretación contable
El pasado agosto, tras la presión de las empresas del sector y de los países más perjudicados por la situación de sus finanzas, Bruselas dio a conocer una interpretación de las normas contables ligeramente más favorable para la ejecución de este tipo de proyectos, típicos de la actividad de las Empresas de Servicios Energéticos (ESE).
Ahora no computan como déficit público tres opciones: la concesión, el arrendamiento operativo de los nuevos equipos más eficientes y las colaboraciones público-privadas, pero estas últimas con condiciones draconianas: que los contratos duren más de cinco años, que el socio privado asuma la mayoría de los riesgos, que haya un desembolso inicial superior a la mitad del importe de los activos -los edificios-, que no haya financiación pública, que la Administración no adquiera los equipos instalados...
Sólo con músculo financiero
Teniendo en cuenta que el modelo de negocio de las ESE se basa en obtener rentabilidad gracias a los ahorros energéticos a largo plazo, las puertas que Bruselas ha dejado entreabiertas sólo pueden traspasarlas compañías con músculo financiero, capaces de ejecutar los proyectos por sí mismas. Por esta razón, el sector está dividido, con los grandes actores dispuestos a trabajar en cuanto se reactiven las licitaciones y los medianos y pequeños sintiéndose excluidos.
En cualquier caso, todos, grandes y pequeños, abogan por revisar el criterio contable: desde el momento en que la eficiencia energética es una prioridad de la UE porque propicia ahorros y otras ventajas -laborales, ambientales, de seguridad energética, etcétera-, consideran que no tiene sentido penalizarla asignando la inversión exigida como déficit público.
La Asociacion de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI), que aglutina a los grandes del sector, ha elaborado un informe en el que analiza el retorno económico que tendría la rehabilitación energética de los inmuebles de la AGE, de acuerdo con el nuevo inventario, y alcanzando un ahorro del consumo del 30%; hay posibilidad de conseguir ahorros superiores, hasta del 70%, pero precisan una obra importante en la envolvente del edificio y redes de calor y frío.
Anualmente, la actividad haría subir el PIB en 695 millones; la recaudación fiscal ganaría 184 millones; en energía, tanto por ahorro de consumo como de importaciones, se obtendrían 38,5 millones; y en ahorro de emisiones de CO2 -119.000 de toneladas- otro millón; en total, más de 900 millones. En relación al empleo, se crearían 3.721 puestos nuevos; otro informe, de CEOE, que sí incluye obras en la envolvente, aumenta esa cifra hasta los 5.346 puestos de trabajo.
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