La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha lanzado una serie de recomendaciones para luchar contra el fraude eléctrico con la intención de reducir el coste que estos hechos tienen para el consumidor.
El organismo que preside José María Marín Quemada propone una serie de cambios normativos.
Entre ellos figuran:
1) Que el distribuidor sea el responsable de la compra de la diferencia de pérdidas entre las reales y las estándares.
Así, el coste correspondiente al incremento de las pérdidas por encima de las pérdidas consideradas estándares sería soportado por los responsables de la calidad de la red y no por el consumidor. Esta opción requeriría modificaciones en la normativa.
2) Que el comercializador siga siendo el responsable de la compra de las pérdidas, pero el distribuidor le financiaría la diferencia de pérdidas entre las reales y las estándares.
En ambos casos, el efecto de la diferencia entre las pérdidas reales y las estándares incidiría de forma inmediata sobre los ingresos de los distribuidores, por lo que se reforzaría el incentivo a la reducción de pérdidas.
En ambas alternativas se plantea un periodo transitorio de 3 años, para hacer su aplicación más gradual con respecto a la regulación vigente, hasta alcanzar su repercusión total sobre el distribuidor el cuarto año.
Además, la CNMC plantea que las empresas distribuidoras presenten antes del 1 de diciembre de cada año los planes de verificación para la detección del fraude eléctrico previstos para el año siguiente a las Comunidades Autónomas donde se ubiquen los distintos puntos de suministro, a la Dirección General de Política Energética y Minas y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
